Aunque la jurisdicción civil ha sabido capear, no sin esfuerzo, el temporal tras el primer estado de alarma, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Burgos, especializado en Familia e Incapacidades, ha quedado muy mermado. Ya lo estaba antes de la pandemia y ésta ha agravado su situación. El Ministerio pretende crear este año nuevas unidades judiciales y lo más seguro es que a la provincia le caiga una. El presidente de la Audiencia Provincial, Mauricio Muñoz, solicitó que este órgano, que sería el noveno, se especialice en este tipo de procedimientos y parece que es lo que va a suceder una vez lo confirme la junta de jueces.

Si todo va como esperan en la Gerencia Regional de Justicia de Castilla y León, el noveno juzgado de Primera Instancia entrará en funcionamiento en el mes de junio. A diferencia de lo que ocurre actualmente en el 7, que también asume asuntos de incapacidades, la idea es que sólo se encargue de Familia y puede que procedimientos relacionados con este ordenamiento al margen de divorcios o guardas y custodias. 

El actual órgano encargado de estos asuntos terminó el 2020 con un «nivel de pendencia muy alto y preocupante», según recoge en su informe la jueza decana, Blanca Subiñas. Primera Instancia 7 supera ampliamente la horquilla de 908-1.088 pleitos como máximo marcada por el Consejo General del Poder Judicial. Aunque se produjo un ligero descenso en el número de procedimientos debido al confinamiento, alcanzó los 1.789. 

Es verdad que a lo largo de muchos meses contó con un magistrado de refuerzo, pero desde el decanato sostienen que esta medida «no soluciona nada el problema estructural». A este respecto, ya alertó que debe reforzarse la plantilla de funcionarios y, lo más importante, crearse un nuevo equipo técnico, ya que en la actualidad «el único existente debe canalizar todo el trabajo y actúa de embudo». Al intervenir en un buen número de menores, añade la jueza decana, deben emitir «informes necesarios y perceptivos». 

Cabe recordar, además, que el pasado mes de julio el titular de Familia solicitó el traslado a Granada y que no fue hasta diciembre cuando la nueva jueza se encargó de este órgano.