La Audiencia Provincial de Burgos ha despejado cualquier sombra de duda sobre las subastas del coto de caza de Barbadillo de Herreros en la última década. La Sección Primera no solo archiva la denuncia que presentó un particular contra el alcalde, Roberto Neila, sino que le reprocha a aquel su «dudosa legitimación» para sostener la acusación entre 2012 y 2018, temporadas en las que no acredita ser ni ofendido ni perjudicado, y las «gratuitas afirmaciones» vertidas en su recurso de apelación al auto de sobreseimiento provisional, dictado en mayo por el Juzgado de Salas de los Infantes. 

Fernando Vecino acudió a los tribunales en 2020 contra el alcalde por los presuntos delitos de prevaricación continuada, alteración de los precios de subasta, malversación de caudales públicos y falsedad continuada en documento público. Sostenía que se había adjudicado, a él a sus amigos, las batidas de la Junta Consultiva de la Reserva de Caza durante 8 años, valiéndose de su cargo para manipular los concursos y obtenerlas a un previo muy inferior, «sin ningún tipo de expediente administrativo» en la primera etapa. Tras sus quejas y las de un concejal del ayuntamiento, en las dos temporadas siguientes sí se convocaron sendas subastas, que el denunciante asegura habían sido manipuladas por el regidor para conseguir un resultado predeterminado, la primera al retirarse las pujas más altas y quedar solo la de menor importe y la segunda al ampliar el plazo del pago del precio ofertado.

El Juzgado de Salas de los Infantes concluyó tras la «abundante prueba practicada» que «no existen indicios» para determinar que las adjudicaciones directas fueran injustas, puesto que se trata de decisiones adoptadas de forma colegiada por el Pleno de Barbadillo de Herreros y de las que la Junta de Castilla y León tuvo conocimiento, sin advertir la existencia de alguna irregularidad, razonamiento que certifica la Audiencia en el segundo auto.

Con respecto a las adjudicaciones posteriores en subastas, «tanto el investigado como la gran cantidad de testigos que han declarado en la presente causa, relataron cuales fueron sus motivos para retirar sus pujas, sin que de sus declaraciones pueda inferirse, que todos ellos al retirar sus pujas tuvieran como finalidad la intención de alterar el precio del remate» en la subasta de la temporada 2018/19, detalla la jueza de Salas. 

En la segunda, de la campaña 2019/20, «ningún indicio existe de prevaricación, o al menos irregularidad, en la adjudicación de las batidas de ese año, haciéndose en virtud de pública subasta» y con la plica del denunciante en segunda posición por su cuantía, concluye la Audiencia, que le recuerda al denunciante que tiene  abierta la posibilidad de plantear un contencioso-administrativo.

El alcalde, Roberto Neila, se felicita por el archivo de esta denuncia y solo busca que «quede limpio» el nombre de la corporación municipal, del pueblo y de la cuadrilla de cazadores.«Tenía claro que no habíamos hecho nada ilegal», explica rotundo. Es más, subraya que mientras otros ayuntamientos de la Reserva mantienen el sistema de adjudicación directa, Barbadillo de Herreros lo cambió por la subasta a raíz de la única queja presentada por el denunciante. «Ahora solo quiero pasar página y seguir trabajando por el pueblo», concluye.