Sería deseable que quienes nos representan se limitaran a resolver nuestros problemas en lugar de crearnos otros, aderezados con polémicas tan ruidosas y estériles como la que protagoniza Castilla y León estos días.
Creo que el aborto es un asunto superado en la sociedad española, como evidencia que gobiernos teóricamente contrarios lo hayan mantenido. Baste recordar que Alberto Ruiz Gallardón libró como ministro una áspera batalla, que concluyó con su dimisión y sin apenas cambios en la ley: el aborto es una prestación incluida en la cartera de servicios de la sanidad pública, accesible para todas las mujeres dentro de los plazos que se determinan en su articulado.

De ahí que sorprenda que nuestro Ejecutivo autonómico salte ahora al ruedo con unas medidas que poco o nada van a hacer para promover la natalidad en esta tierra, tan necesitada de críos, y no con el anuncio de acciones que faciliten la creación de puestos de trabajo estables y bien remunerados, que garanticen el acceso a una vivienda digna y a unas condiciones de vida adecuadas para que los jóvenes puedan formar una familia en esta Comunidad en lugar de irse a otras para poder hacerlo. También choca que, ante la preocupación por los embarazos no deseados, la Junta no exprima sus competencias para impartir más educación sexual y evitar el altísimo porcentaje de abortos que se demandan sin que haya mediado anticonceptivo alguno (en el HUBU, el 33%).

Quien es contrario al aborto tiene unas razones tan respetables como las de quien lo defiende, la libertad de no solicitarlo y, como todos, la obligación de exigir medidas para poder tener hijos si así lo quiere y, a la vez, para que la sociedad alcance el objetivo de 'cero embarazos no deseados'. Algo aún lejano y para lo que necesitamos mucha más educación que ruido.