Las últimas dos semanas, y más intensamente en los últimos días, se ha producido un acelerón de decisiones para que el próximo curso político comience con el menor número de asignaturas pendientes. El PSOE rehízo su dirección tras la dimisión de su vicesecretaria general, Adriana Lastra, y se puso en modo electoral, y el pasado miércoles se reunió la mesa de diálogo sobre Cataluña con una valoración previsible sobre sus resultados, la rendición del Gobierno ante sus socios independentistas con la laminación del castellano en la aulas, y la creación de una sociedad de apoyo mutuo entre La Moncloa y el Govern de la Generalitat para facilitar la permanencia en el poder de Sánchez y Pere Aragonès, según la oposición de derechas.
En tiempos de arqueo del periodo de sesiones transcurrido, la novedad este año es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha adelantado su balance al de Pedro Sánchez y no interviene a continuación como había sido habitual hasta ahora para responder a su triunfalismo y subrayar su "desgobierno" el conflicto permanente en el seno del Gobierno. Su comparecencia se sumó a la de los tres presidentes autonómicos del PP que han tomado posesión de sus cargos recientemente, el castellanoleonés, Alfonso Fernández-Mañueco, el gallego Alfonso Rueda y el andaluz Juan Manuel Moreno, recibidos por el jefe del Ejecutivo, que ha preferido acumular en un solo día el rosario de críticas y peticiones que le realizaron, con los incendios al fondo. Feijóo sigue empeñado en que Sánchez convoque ya las elecciones generales, pero sin dar pistas sobre sus propuestas, más allá del caramelo fiscal, y sin haber armado una posición común entre sus regiones sobre la financiación autonómica, una de las demandas de sus barones a Sánchez.
También el Congreso ha vivido un acelerón para comenzar el próximo periodo de sesiones con los deberes asignados tras la presentación por los grupos parlamentarios de izquierda de la proposición de ley para fijar un impuesto extraordinario a las empresas energéticas y a la banca, que tiene que estar lista antes de final de año. Por su parte la Comisión de Justicia realizó el examen de idoneidad al próximo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con las críticas ya consabidas de sectarismo y falta de independencia antes de haber comenzado a ejercer el cargo por haber sido la mano derecha de la dimisionaria Dolores Delgado, aderezadas además por alguna información inexacta.
El Gobierno cierra el periodo de sesiones con varias buenas noticias económicas, en especial los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, que registra un paro por debajo de los tres millones de desempleados por primera vez desde 2008 y con el aumento de la ocupación en casi cuatrocientas mil personas, que la eleva hasta los 20,5 millones de empleados. A estos buenos datos de empleo se suman los de los beneficios de las grandes empresas españolas cotizadas que alcanzan cifras milmillonarias.
Para la vuelta del verano quedan dos asuntos pendientes relacionados con la política judicial, la propuesta por parte del CGPJ de sus dos magistrados para la renovación del TC una vez que ha entrado en vigor la ley que le habilita para hacerlo y que el Gobierno pueda nombrar a los dos suyos, y la decisión sobre el indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por el caso de los ERE, que predice un nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP a cuenta de cuál de los dos es más corrupto.