Cualquier declaración puede ser utilizada en su contra, se escucha a los policías cuando leen los derechos a un detenido. Y en esas está la política española: una manifestación en el sentido que sea de un miembro del Gobierno será utilizada en su contra por la oposición, aunque sea tan evidente como la luz del día. Si la ministra de Justicia, Pilar Llop, afirma que considera “bastante improbable” que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo tumbe los indultos a los condenados por el ‘procés’, tras los recursos presentados por Ciudadanos, el PP y Vox, estos partidos responden que trata de condicionar la decisión de los jueces.
Con esas palabras, la ministra no hace sino reiterar lo que dijo su predecesor en el cargo, cuando el Gobierno justificó los indultos en virtud de su utilidad social, y añadió que habían tenido buen cuidado de aquilatar bien los argumentos para que el Supremo no los anulara. En efecto, cuando se presenta un escrito que se sabe que ha de ser enjuiciado por los jueces los expertos de la acusación o la defensa los hacen de tal manera que dejen el menor resquicio posible para sufrir un revolcón. La cuestión es por qué supone una injerencia del Gobierno en el trabajo de los jueces estimar que la decisión de los tribunales les va a favorecer y no supone la misma injerencia los juicios de valor que se contienen en los recursos en los que se insta a los jueces a su anulación. ¿Acaso no merece el mismo tratamiento mostrarse convencido de que el Supremo estimará los recursos y los presos del ‘procés’ volverán a la cárcel, como ha dicho el dirigente de Ciudadanos, Edmundo Bal?
Como la independencia judicial es sacrosanta es difícil pensar que los jueces de la Sala Tercera se van a dejar influir por una declaración más de la ministra de Justicia. Como se ha demostrado en algunas de las últimas sentencias de altos tribunales, los jueces y magistrados han fallado en contra de las decisiones y pretensiones del Gobierno. Eso sí, aderezadas de algunas apreciaciones de carácter político que muchos expertos han creído extemporáneas y han generado división entre los propios expertos.
A la ministra le corresponde a partir del mes de septiembre reiniciar los contactos con el PP para tratar de renovar el Consejo General del Poder Judicial. La pelota está en el tejado del PP que quiere que sean los jueces quienes mayoritariamente elijan a sus miembros, aunque cabe la posibilidad de que, si alcanzaran el poder en las próximas elecciones generales, hagan como Alberto Ruiz-Gallardón y se olviden de esa promesa para una nueva renovación con mayoría de vocales conservadores por el procedimiento actual. ¿Lo aceptará el PSOE o mantendrá el bloqueo a la renovación? Cualquier cambio en esa ley orgánica requiere de los tres quintos de los votos del Congreso. ¿Qué ocurriría entonces? Las presiones recaerían sobre los socialistas de forma ya conocida, a pesar de que el sistema actual de elección de los vocales del CGPJ es el mismo utilizado en otros países.
La ministra de Justicia también considera que “sería un retroceso absoluto” que el TC tocará la ley del aborto de Zapatero. ¿Es también una injerencia en el trabajo del TC? Al mencionado Galardón le costó la dimisión intentar cambiarla. ¿Tiene sentido una decena de años después reabrir un debate que reaparece cuando hay ruido de togas?