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Investigación y justicia para 4 víctimas burgalesas de ETA

R. PÉREZ BARREDO
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La comisión del Parlamento Europeo concluye que los asesinatos de la banda terrorista son 'delitos de lesa humanidad' y por ello los considera 'imprescriptibles'.

Investigación y justicia para 4 víctimas burgalesas de ETA

La comisión del Parlamento Europeo ha considerado los crímenes terroristas de ETA como delitos de lesa humanidad, esto es, los considera "imprescriptibles", por lo que aún podrían ser juzgados aquellos que están todavía sin resolver, que son 379 (bien porque no se ha podido determinar la autoría de los mismos por desconocerse quiénes fueron o porque no fueron localizados y detenidos por las Fuerzas de Seguridad) y ha instado a que los beneficios penitenciarios vayan ligados a su colaboración en el esclarecimiento de los mismos. En esa ominosa lista de víctimas sin justicia de la banda terrorista hay cuatro burgaleses; en el caso de tres de ellas (María Ángeles Rey, Rufino Alcalde Muñoz y Antonio Torrón Santamaría) los crímenes habían prescrito, de ahí la importancia de la decisión de la Unión Europea (el asesinato de la cuarta víctima, Carlos Sáenz de Tejada, aún no ha prescrito pero con esta directriz europea ya no lo hará nunca).

María Ángeles Rey tenía 20 años y el 13 de septiembre de 1974 se encontraba en Madrid porque debía presentarse a un examen de recuperación que tenía pendiente de su carrera de Empresariales. Ese día fatídico había quedado con unas amigas, también burgalesas, para comer en el centro de la capital, cerquita de la Puerta del Sol. El lugar elegido fue el restaurante Tobogán, en el número 4 de la calle Correo, un establecimiento contiguo a la cafetería Rolando, lugar de reunión habitual de policías nacionales por su cercanía a la Dirección General de Seguridad. En plena escalada de terror y con Madrid y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la diana, ETA buscó y encontró una nueva masacre atentando salvajemente en Rolando, donde hizo estallar una bomba con 30 kilos de dinamita.

Instantes antes de que el mortífero artefacto hiciera saltar todo por los aires, María Ángeles se hallaba separada de sus cuatro amigas -Sara Renedo, María Yolanda Busto, Rosario San Miguel y María Jesús Arandilla- y la onda expansiva acabó con su vida; otras doce personas fallecieron y hubo 60 heridos, entre los que había tres burgaleses: una de las amigas de María Ángeles, Sara Renedo; Lorenzo García Pozo (natural de Solarana, jubilado como funcionario de Hacienda); y Federico Lázaro Carrancho (natural de Santa Cruz de Juarros y trabajador de la empresa 'Gas de Madrid').

El 28 de abril de 1980 el guardia civil Rufino Muñoz Alcalde, de 40 años y natural de Fresno de Riotirón que se hallaba destinado en el Gobierno Militar de San Sebastián, tomó un autobús interurbano en la parada de Gainchurizqueta con dirección a su puesto de trabajo. En el vehículo viajaban cuatro etarras. A la altura de Pasajes, uno de ellos, empuñando una parabellum, le descerrajó varios tiros a bocajarro. Lo que las alimañas no sabían era que a bordo, y de paisano, viajaba también un policía nacional de paisano, Hipólito Rodríguez Ramos, quien pese a ir desarmado se abalanzó sobre el pistolero, con el que forcejeó hasta que un disparo acabó con la vida del etarra. Así las cosas, los otros miembros de la banda, antes de huir como las ratas, reaccionaron tratando de acribillar al policía, quien acabaría salvando milargrosamente la vida. Rufino Muñoz Alcalde murió prácticamente en el acto. Estaba casado y tenía tres hijos. Fue enterrado en su pueblo natal, donde se le tributó un homenaje al que no faltaron todas las autoridades civiles y militares de la provincia.

La tercera víctima burgalesa cuyo asesinato sigue sin resolverse es Antonio Torrón Santamaría, sargento del Instituto Armado de 55 años, casado y con dos hijos. Llevaba treinta años de servicio y ya estaba dándole vueltas a una merecida jubilación. Además, su intención era disfrutar del retiro en su tierra natal. El 19 de julio de 1984 salió de su puesto de trabajo en la Unidad del Servicio Fiscal que la Guardia Civil tenía en el puerto de Santurce. Iba vestido de paisano en dirección a su cercano domicilio de Portugalete tomando las precauciones habituales (solía cambiar de ruta a diario). Pero estaba en el objetivo de ETA y dos miembros de la banda, que le habían estado esperando, se acercaron por la espalda y, de un solo disparo en la nuca, le quitaron la vida antes de darse a la fuga sin que nadie les viera el rostro. Sucedió frente al portal de su casa. Aunque unas vecinas trataron de auxiliarle intentando cortar la hemorragia con unas toallas, el agente burgalés quedó muerto sobre un gran charco de sangre.

Carlos Sáenz de Tejada es el último burgalés de cuyos asesinos nada se sabe a ciencia cierta (Aitor Elizarán, etarra vinculado con el atentado, fue puesto en liberad el 15 de enero de 2016 por orden de la Audiencia Nacional). El 30 de julio de 2009, en la localidad balear de Calvià, Sáenz de Tejada, de 28 años, soltero, y su compañero Diego Salvá, fueron asesinados después de que la bomba lapa que los criminales habían adosado al vehículo oficial en que viajaban volara éste por los aires.

De lesa humanidad. El informe preliminar elaborado por la comisión del Parlamento Europeo ha concluido que ETA actuó con "violencia extrema" y que sus crímenes pueden considerarse "delitos de lesa humanidad". La institución, que envió a España a cinco eurodiputados extranjeros el pasado mes de noviembre para conocer los testimonios de víctimas, fuerzas de seguridad y fiscales, presentará públicamente el informe definitivo el próximo mes de marzo.

Según se ha sabido, el texto incluirá también una de las principales exigencias de las víctimas: un cambio legal para que los etarras colaboren en la resolución de los crímenes sin juzgar. En este sentido, la comisión reclamará a las autoridades españolas que los beneficios penitenciarios sólo se otorguen a quienes ayuden a esclarecer los casos que aún no están resueltos, así como que se persiga a los autores de todos ellos.