El Convenio para la transición justa del área de Santa María de Garoña, integrada por los 27 municipios más afectados por el cierre de la planta, que el Ministerio para la Transición Ecológica está gestando desde el pasado mes de mayo tiene como punto de partida unos datos de empleo alejados de la realidad. El diagnóstico sobre el que se diseñará el plan de recuperación económica cuantifica en 385 el número de empleos que generaba Garoña, al basarse en datos de 2017, fecha en que el Gobierno decretó el cese definitivo de su actividad. Pero esta cifra equivale a la mitad de los 774 trabajadores que verdaderamente venía empleando la planta de forma directa y que tenían contrato en el último trimestre de 2012, el último en que estuvo operativo el reactor. Así pues, el plan va camino de nacer con una ambición económica y laboral que está muy por debajo de la que realmente generaba Garoña cuando se encontraba en funcionamiento, dado que con los datos del Gobierno la central ha perdido 135 empleos -entre 2017 y la actualidad- cuando han sido 524 los que ya se han quedado por el camino, si se retrocede a comienzos de 2013.

A finales de 2012, Nuclenor, la firma propietaria de la central, contaba con una plantilla de 301 personas, y las 55 empresas auxiliares que tenía subcontratadas y operaban en esta industria tenían en nómina a 473 personas que fichaban cada día en la planta. En 2013 se produjo la verdadera sangría en términos laborales, al comenzar a adelgazar las plantillas de todas las subcontratas mediante despidos masivos y en 2017 ya se habían quedado en solo 158 trabajadores, una cifra igual a la actual, dado que prestan servicios indispensables, como el de seguridad, protección radiológica y contra incendios u otros, que no han variado sus necesidades en este tiempo. Mientras tanto, Nuclenor pasó de 301 trabajadores en 2012 a 227 en 2017, el dato que maneja el Gobierno, y en la actualidad cuenta con tan solo 90 nóminas después del ERE de extinción de contratos que tramitó en 2017, jubilaciones y prejubilaciones y recolocaciones en otras centrales nucleares.

El Ministerio explica en la introducción de su diagnóstico que «este plan de acción urgente tiene como objetivo principal el mantenimiento del empleo en los municipios afectados por los inminentes cierres de centrales térmicas, explotaciones mineras de carbón y centrales nucleares». En el caso de Garoña este mantenimiento del empleo que se pretende nace ya con un desequilibrio significativo y, de momento, acumula nueve años de retraso sobre el apagón de reactor y cuatro sobre el cierre oficial del Gobierno. De momento, el Ministerio lidera un proceso participativo para redactar el convenio, que aún no tiene fecha de firma.

El diagnóstico del Ministerio indica el lugar de residencia de los 385 trabajadores de 2107, no de los 774 reales, y los sitúa en 19 municipios (ver cuadro anexo), aunque se concentraban y concentran en cuatro, Miranda de Ebro, que copaba el 42%, Medina de Pomar, donde residía el 18%; Valle de Tobalina, con un 4,6%;y Trespaderne, con un 10%. El convenio para la transición justa ha incorporado a los municipios con mayor impacto en el empleo hasta asegurarse que los seleccionados representan el lugar de residencia del 85% de los trabajadores. En este caso, aunque el dato de partida está por debajo de la realidad, si están representados los lugares donde residían los 774 trabajadores de la planta.

El análisis del gobierno observa como desde 2015 se ha estancado la creación de empleo en la mayoría de los 27 municipios de las comarcas de Merindades (8), Bureba y Ebro y de Álava (3) incluidos en el convenio para la transición justa, lo que «contrasta con la recuperación y crecimiento del empleo en las provincias de Álava y Burgos». De promedio, la provincia de Álava elevó un 7% el número de afiliaciones a la Seguridad Social entre 2003 y 2019 y la de Burgos, un 12,5%, pero los 27 municipios apenas han incrementado un 0,8% sus afiliaciones. Las caídas del número de personas en activo son muy llamativas en Miraveche, con un 76% menos;Villanueva de Teba, con un 57% menos; el Partido de la Sierra en Tobalina, con un 54,6% menos; o la Merindad de Cuesta Urria, con un 53,5% menos. En el Valle de Tobalina, el municipio cabecera de la central hay un 30% menos de afiliaciones, mientras que han crecido significativamente en Santa Gadea del Cid, con un 73% más, o Frías, con un 43% más, pero también se elevan en ciudades como Medina de Pomar en un 13,6% o en Trespaderne, en un 12,2%.

Más paro que la media. En cuanto al desempleo, los municipios del convenio también salen malparados, puesto que la tasa de paro entre 2003 y 2019 creció del 9,5% al 15,3%, mientras que en la media de Álava subió del 3,6% al 5,9%, y en Burgos, del 4,2% al 6%. Durante el pico más alto de la crisis, en 2013, que además coincide con el apagón de Garoña, la zona del convenio llegó a una tasa de paro del 25% de la población activa frente a la media de un 11% en la provincia de Burgos. El diagnóstico del Gobierno indica que «a partir de 2014 el territorio del convenio sufre un estancamiento en la cantidad de empleo generado y mantiene altos niveles de desempleo, de entorno a un 15%».

Asimismo, el documento indica que «la caída de la tasa de paro que tiene lugar en los últimos años está relacionada fundamentalmente con el descenso de las cifras de población debido a la salida del territorio de parte de la población en edad de trabajar por la falta de oportunidades de empleo y no tanto porque se haya producido un aumento de la oferta laboral en el área delimitada en el convenio». En este contexto de pérdida de población, el índice de juventud en 26 municipios del área del convenio, dejando fuera a Miranda de Ebro, ha caído del 19% de 1996 al 11,5% en 2019 y el índice de envejecimiento se sitúa en un 254% frente al 265% de entonces.