El pacto alcanzado en marzo de este año entre Partido Popular y Vox para gobernar en coalición Castilla y León ha proyecto una ley de violencia intrafamiliar con el objetivo de dar una respuesta a una "problemática social existente" mientras la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades reactiva la nueva ley integral de violencia de género, que quedó pendiente en la pasada legislatura y se prevé aprobar en 2023. De esta manera, la Junta defiende la necesidad de impulsar una norma autonómica en Castilla y León que "favorezca la protección y atención de las personas que sufran situaciones de violencia en el ámbito familiar", además de reforzar el Plan de Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar, existente desde 2019. 

En concreto, la futura ley de violencia intrafamiliar contempla las agresiones -física o psicológica- de los hijos menores hacia sus ascendientes y hermanos, denominada violencia filioparental; la ejercida de pareja que no tengan la consideración de violencia de género; sobre los mayores que residen en el hogar -maltrato a personas mayores-; de los mayores a sus familiares -violencia senil/conductas disruptivas-; a las personas con discapacidad por parte de sus familiares -malos tratos a personas con discapacidad- y de personas con discapacidad o trastorno mental hacia sus familiares -malos tratos al cuidador/conductas disruptivas-.

La norma recogerá servicios y prestaciones para las víctimas, entre los que se encuentra el servicio de información y orientación, dirigido a prestar una correcta información a las posibles víctimas y su entorno sobre sus derechos y deberes y sobre los recursos existentes. También se realizarán campañas de sensibilización e información contra la violencia intrafamiliar Además, preverá proporcionar a las víctimas recursos de alojamiento cuando carezcan de medios de subsistencia.

Por último, contemplará la concesión de ayudas económicas para las víctimas de violencia intrafamiliar. Con carácter general, estas prestaciones irán dirigidas a aquellas víctimas para las que quede acreditada insuficiencia de recursos económicos, especiales dificultades o imposibilidad de acceder a un empleo y serán incompatibles con cualquier ayuda, ingreso o subvención concedidos con la misma finalidad. Los menores huérfanos tendrán derecho a una ayuda económica cuando la violencia intrafamiliar tenga resultado de muerte de sus progenitores o de uno de ellos como consecuencia de la violencia intrafamiliar en el ámbito de la pareja.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dejó claro en su discurso de investidura en las Cortes el 11 de abril que la nueva ley contra la violencia intrafamiliar es "compatible, necesaria y complementaria" con la ley de lucha contra la violencia de género. "Lo digo alto y claro: No vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos de la ley de lucha contra la violencia de género. Reitero mi compromiso irrenunciable contra la violencia ejercida contra las mujeres", subrayó.

De forma paralela, Familia ha retomado la tramitación administrativa de la ley integral a las víctimas de violencia de género, que actualiza la vigente aprobada en 2010. Entre otras novedades, se amplía la protección a transexuales y a niñas y menores que se encuentren bajo la custodia de víctimas y familiares convivientes.

Igualmente, se reconocen nuevas formas de violencia contra la mujer, como la que se ejerce por medio de las nuevas tecnologías y las redes sociales. También, se contempla la creación de redes de atención especializadas, así como un refuerzo de la atención a los maltratadores con el objetivo de desarrollar programas de tratamiento para prevenir la reincidencia.

La consejera Isabel Blanco aseguró que se trata de una ley "ambiciosa", "moderna", que revisa toda la normativa actual y eleva al rango de ley algunas prácticas que ya se realizaban en la Comunidad, gracias la la "completa" Red de Atención a las víctimas de violencia de género, con recursos habitacionales, servicios especializados de apoyo y redes de atención para prestar una respuesta adecuada e individualizada. 

El debate de la violencia de género ha estado presente a lo largo de este año a raíz de la entrada de Vox en la Junta ya que su vicepresidente, Juan García-Gallardo, aprovechó los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas para rechazar la "politización de los dramas familiares" y demandar igualdad ante la ley cuando la víctima de "crímenes repugnantes" sea un hombre o esté en el ámbito intrafamiliar. En este sentido, lamentó que los minutos de silencio no se convocan por otras víctimas al destacar que toda la violencia merece la misma repulsa por que no tiene género. "Si un hombre asesinara a una mujer me parece un miserable, un delincuente y que merece todo el castigo pero lo mismo si una mujer agrede o mata a un hombre", sentenció.

La entrada de Vox en la Junta también ha supuesto un refuerzo a la ayuda y protección a la familia ya que la formación asegura que será el "eje transversal" de toda política pública como fiscalidad, prestaciones sociales y criterios para la contratación. Por su parte, la consejera Isabel Blanco aseguró en las Cortes, con motivo de su comparecencia en las Cortes para informar sobre el programa de actuaciones a desarrollar durante esta legislatura, que la administración autonómica garantizará la protección, el apoyo y la atención a las personas de Castilla y León, especialmente a las más vulnerables. 

Entre otras las novedades anunciadas y recogidas por la Agencia Ical, señaló que su departamento "analizará" la situación de la Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin de "potenciar" su vinculación a un proyecto individualizado de inserción, "fomentando el carácter instrumental de la búsqueda activa de empleo mediante itinerarios personalizados, incrementando su seguimiento y vinculándola al empleo y a combatir el absentismo escolar".

'Plan Familias'

Además, continuará con el 'Plan Familias', con ayudas a la natalidad, al cuidado en la etapa de 0 a 3 años, los apoyos durante la etapa de escolarización obligatoria, en la Universidad, las ayudas dirigidas a la familias para acceder a la vivienda y la cultura, entre otras . También se mantendrá el 'Bono Concilia' para contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los padres trabajadores. 

Con el objetivo de atender las necesidades de las familias y no dejar a nadie atrás, la Junta aprobó en abril una serie de ayudas económicas enmarcadas en el llamado Plan Anticrisis, que establece específicamente un apartado de medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables por un importe estimado de 45 millones. Medidas que se incorporan al conjunto de servicios y programas integrados en la Red de Protección a las Familias de Castilla y León, que atiende anualmente a más de 174.000 familias con un gasto medio de 220 millones de euros.

Además, la red añade nuevas prestaciones como los 'Bonos de Urgencia Social', una herramienta jurídica básica que "permitirá atender situaciones de necesidad puntuales", como pueden ser las derivadas de la subida de la electricidad u otras sobrevenidas que afecten de manera general a las familias vulnerables.

Atención residencial

Este año que acaba también dio pasos en la tramitación de la Ley de Atención Residencial para que llegue a las Cortes a principios de 2023. Un modelo que incorpora la metodología centrada en la persona que reciben los usuarios en las residencias de la Comunidad, tanto públicas como privadas, que supone un cuidado individualizado, incluyendo el acompañamiento emocional y convirtiendo a los centros en hogares, organizados en unidades de convivencia.

También apuesta por la innovación a través de la incorporación de las nuevas tecnologías que, entre otras cuestiones, posibilitan ejercitar las capacidades cognitivas y corporales y evitar el estancamiento psicológico y físico.

Los centros funcionan en unidades de convivencia, que son pequeños espacios concebidos como 'hogares', similares a los domésticos, pensados para favorecer que el usuario siga manteniendo su intimidad y el control de su vida y se encuentre como en su propia casa. 

De momento y hasta que llegue la nueva norma, la Junta decidió cinco millones más al año para incrementar un ocho por ciento las cuantías de las plazas de concierto en residencias y centros de día y un nueve por ciento en el caso de las plazas de viviendas. Un aumento de los precios que sirve a las entidades del tercer sector para hacer frente a la subida de la luz y el gas, mejorar la atención y la calidad de vida de los usuarios, que se enmarcada en la implantación del modelo centrado en la persona, así como las condiciones laborales de sus trabajadores. La Comunidad cuenta, en la actualidad, con 7.047 plazas concertadas entre residencias, centros de día y vivienda.   

En cuanto a los fondos europeos, la Junta decidió convertir a Castilla y León en la primera comunidad en asignar a las entidades del Tercer Sector hasta el diez por ciento de los primeros 150 millones recibidos de los Next Generation, de modo que se destinaron 15,7 millones para 48 proyectos que apuestan por la innovación, cuidado de las personas e inclusión. 

Además, la Consejería de Familia se postuló para que la futura sede de la Unión Europea en materia de discapacidad y accesibilidad se ubicara en la Comunidad. 

3.700 ucranianos asentados

No hay que olvidar la invasión rusa a Ucrania que también ha tenido sus consecuencias en Castilla y León, con la llegada de ucranianos y el asentamiento de unos 3.700 ciudadanos procedentes de ese país en guerra. Todos ellos, se han integrado al recibir las tarjetas sanitarias y la escolarización de los menores. 

Finales de septiembre estuvo marcado por el inicio de la administración de la cuarta dosis frente al COVID en las residencias de personas mayores y otros centros, que este año se hizo coincidir con la vacuna antigripal. En total, se destinó a las 42.000 personas institucionalizadas en residencias de la Comunidad.

Y es que el COVID siguió presente en los centros residenciales de la Comunidad, con ingresos y fallecidos. En concreto, se registraron 275 muertos a lo largo de 2022. De ellos, 148 murieron en hospitales tras su traslado desde las residencias y 127 lo hicieron en las propias instalaciones.