La incertidumbre planea sobre el sector de las escuelas y centros privados que ofertan el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3) desde que se conoció la noticia de la gratuidad del último curso. Han pasado cuatro meses y fue el pasado 10 de noviembre cuando representantes de este colectivo mantuvieron una reunión con la Junta para exigir que se cuente con ellos en ese proceso de escolarización. El encuentro fue «positivo» y dio como resultado el envío de una propuesta de «mínimos» para que estos centros puedan cumplir con los requisitos que exige Educación.

El planteamiento pasa por la adaptación de instalaciones (metros cuadros por aula), así como la titulación requerida al personal, según explica Nuria Alonso, vocal de Burgos la Asociación de Escuelas y Centros Privados de Castilla y León. «Las familias tienen que poder elegir el centro al que llevan a sus hijos y nosotros tenemos mucha experiencia en esa etapa educativa», subraya.

Aún no han recibido respuesta y por ello urgen a la Administración regional a que se pronuncie al respecto porque la medida entrará en vigor el próximo curso, además de que aún queda por definir el sistema de financiación de esas plazas, que será abordado en una segunda reunión. En este sentido, la portavoz del colectivo considera que «no hay mucho tiempo», dado que si pueden ofertar ese nivel tendrán que hacer reformas para adaptar sus espacios, teniendo en cuenta que «llevamos dos años muy malos debido a la pandemia y sin ayudas públicas».

Los datos de matriculación previos a la crisis sanitaria aún no se han recuperado «porque sigue habiendo miedo» por parte de los padres. A esta situación añade la continua caída de la natalidad y unas «bajas de maternidad y paternidad» cada más extensas que alargan en el tiempo la demanda de este servicio. Por ello, exigen a la Junta que se les escuche ante el temor de que la oferta que se pueda abrir en los colegios haga que esta sea la opción mayoritaria para continuar después el segundo ciclo sin cambiar de centro.

En caso de que finalmente no se llegue a un acuerdo, Alonso subraya que supondría un grave perjuicio económico para esta actividad al quedar con una «ratio muy pequeña de alumnos». De hecho, no descarta que puedan producirse cierres de escuelas y subraya la «gran incertidumbre» que existe actualmente en el sector ante la falta de noticias sobre cómo se articulará la medida.