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«No hay peor tortura psicológica ni maltrato psicológico más dañino»

Á.M. / Burgos
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A Carlos Aguirre de Cárcer, que durante décadas ha ejercido como penalista en la capital de España no le satisface la decisión judicial de sobreseer provisionalmente la causa en la que ejerce la acusación

«No hay peor tortura psicológica ni maltrato psicológico más dañino» - Foto: JUAN LAZARO

Durante décadas ha ejercido como penalista en la capital de España. Ha visto de todo y ha participado de algunos de los casos más sonados de los últimos años. No es fácil sorprenderle y, al margen de unas alforjas cargadas de experiencia, lo demuestra con su forma de expresarse. Atiende al discurso ajeno muy concentrado; escucha y piensa al mismo tiempo y no es hombre de gatillo trémulo.
La decisión judicial de sobreseer provisionalmente la causa en la que ejerce la acusación no le satisface. Más allá de que existiera vista oral o no, más allá de que se produjera una sentencia en un sentido u otro, a Aguirre lo que no le cuadra es que la Sala firme un auto en el que la práctica de exorcismos a una menor que estaba en tratamiento psiquiátrico pasa a ser un asunto residual al centrarse en la presunta causa por malos tratos. Y lo explica.
«Hemos presentado un recurso ante la propia jueza para que reconsidere su decisión. En primer lugar porque la presentación de un escrito firmado por (la niña), claramente hecho al dictado, no consigue ensombrecer el cúmulo de indicios de la presunta existencia de una situación de maltrato físico y psíquico expuesta por la propia (niña) con todo detalle en una declaración de nada menos que diez folios efectuada ante la juez, el fiscal y las demás partes. Y, en segundo lugar, porque la resolución que acuerda el sobreseimiento no contiene pronunciamiento alguno respecto de las 14 sesiones de exorcismo a las que fue sometida y cuya realidad ha sido reconocida por los padres», argumenta.
El auto de la jueza acepta que no está probado que la por entonces menor fuera sometida a un maltrato físico, lo que, a juicio de la magistrada, invalida la causa. Por contra, Aguirre cree que «estamos, presuntamente, ante un delito contra la integridad moral y ante un delito de violencia habitual en el ámbito doméstico». Y también que «si se demostrase, mediante las oportunas pruebas periciales médicas, que la conducta de los imputados provocó o agravó una enfermedad mental, podríamos estar ante un delito de lesiones psíquicas».
 
el giro. Lo que también ha hecho el juzgado burgalés que ha instruido la causa es aceptar la denuncia, incoar diligencias y proceder a la llamada de testigos e imputados para tratar de esclarecer lo sucedido. Este proceso, que duró meses, sirvió para que se ratificara sin lugar a duda que los rituales se practicaron de forma reiterada, e incluso el Arzobispado de Burgos hizo un comunicado público cuando este periódico destapó la denuncia, y sólo entonces, admitiendo los hechos pero negando que los exorcismos se practicaran bajo coacción o fueran algo extraordinario.
¿Qué fue, entonces, lo que cambió el rumbo de los acontecimientos? Pues una declaración escrita de la joven en la que pedía que se anulara la acusación y admitía que su denuncia (que ratificó y amplió ante la jueza en enero de este año) podría ser consecuencia de su delicado estado psicológico, la medicación y la confusión que sufría. Esto no sorprendió al letrado madrileño. «Desgraciadamente, es frecuente que quienes denuncian maltrato en el ámbito familiar desistan posteriormente pese a haber ratificado la denuncia en presencia de un juez. Cuando esto sucede, lo habitual es que el proceso continúe y que el juez que finalmente celebre el juicio valore conjuntamente todas las pruebas que en el mismo se practiquen, pero esto no es lo ocurrido en este caso», amplía.
El hecho de que la joven se retractara tampoco cambia su parecer. Considera que «una mera manifestación escrita diciendo que cometió errores en su declaración al puntualizar ciertos aspectos que no ocurrieron en la realidad, al menos no en el modo en el que aparecen en la misma, no justifica un cambio de actitud institucional en un ámbito tan delicado como lo es el amparo de presuntas víctimas de maltrato familiar». El abogado apuntala sus palabras recordando que la presunta víctima «firmó aquel escrito cuando se encontraba ingresada en régimen cerrado en un centro psiquiátrico y bajo fuerte sedación». Lenguaje jurídico, sedantes, internamiento... He ahí algunos elementos que contextualizan la renuncia escrita.
Otro de los flecos que, a juicio de la acusación, se dejan sueltos con el auto de sobreseimiento es la declaración del exorcista. Jesús Hernández Sahagún fue imputado y llamado a declarar por el juzgado, pero jamás lo pisó. Retrasó su comparecencia, después llegó el escrito de la joven y, al final, el archivo. La «impresión personal» de Aguirre de Cárcer es que esa imputación «desató los posteriores acontecimientos», pero sigue convencido de que esa ‘prueba testifical’ debe realizarse tal y como había quedado señalado.
«Los padres de (la niña) manifestaron que el sacerdote fue informado que estaba en tratamiento psiquiátrico, e incluso leyó algún informe médico. Cuando esto sucedió ella era menor de edad y, por tanto, no tenía capacidad para consentir el exorcismo. La propia Iglesia Católica desautoriza la realización de un exorcismo a personas que padecen una enfermedad mental. Con independencia de la violencia que pueda ser necesaria para ejercer una sesión de exorcismo, el mero hecho de su práctica, hasta en 14 ocasiones, alentó en (la niña) la creencia irracional de estar poseída», defiende.
Mirado en conjunto, el jurista se pregunta «cómo puede llegar a sufrir una niña que cuando se va a dormir no lo hace sola porque el maligno habita en ella», concluyendo que «no hay peor tortura psicológica ni existe maltrato psicológico más dañino».
Él, en definitiva, no es sino la voz ante la Justicia de los cinco tíos de la joven que decidieron ayudar a su sobrina cuando se lo pidió. Ellos conocen los pormenores del procedimiento y «están tranquilos porque tienen conciencia de haber hecho lo que consideraban correcto para proteger a (la niña): apoyarla en su denuncia». A partir de ahí, asume que «lo que decida finalmente la Justicia ya no está en sus manos, sino que es responsabilidad de otros». Y hasta aquí una de las visiones de un caso que la semana pasada provocó algo «insólito»: que el TSJ, siempre silente y hermético con este caso, enviara una extensa nota de prensa comunicando el archivo.