Acabar con el enquistado problema de la temporalidad y la consiguiente precariedad en el mercado de trabajo es, quizás, la principal razón de ser la de nueva reforma laboral convalidada en el Congreso este jueves envuelta en polémica y por solo un voto. Una de las grandes promesas del Gobierno llega para modificar la anterior normativa laboral aprobada por el rodillo de la mayoría absoluta del PP en el 2012, en los peores momentos de la doble recesión. La reforma pactada por el Ejecutivo y los agentes sociales toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus grandes objetivos reducir esa elevada temporalidad de la que Castilla y León no se libra. Solo hace falta echar un vistazo a las estadísticas para ver como en la Comunidad uno de cada cuatro asalariados tienen un contrato temporal, un porcentaje que se dispara entre los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas, donde supera con creces el 30%, con la Sanidad y la Educación abusando de esta figura laboral para cubrir las bajas y rotaciones que surgen. En el sector privado la cantidad de temporales es sensiblemente inferior, con el 22%. De hecho, Europa es tan consciente de este problema laboral que atraviesa España que había puesto como condición para poder acceder a los fondos de recuperación una modificación de la normativa para corregir esta anomalía.
Los últimos datos de la afiliación a la Seguridad Social muestran que Castilla y León da la bienvenida a la nueva reforma laboral con casi el 30% de los asalariados de Castilla y León, unos 200.000, trabajando con contratos eventuales, un porcentaje alejado de las comunidades con tasas de eventualidad disparadas como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia –todas por encima del treinta por ciento–. A estos hay que sumarles otros 440.421 indefinidos, 11.122 fijos-discontinuos, y casi 60.000 bajo el epígrafe de 'otros' –principalmente funcionarios–. Con estos mimbres estrena Castilla y León una normativa que pretende poner freno a la desbocada rotación laboral que existen en la actualidad, con contratos que apenas duran días o semanas.
Excesiva rotación
Para muestra, durante el pasado año solo cinco de cada cien contratos de trabajo en la Comunidad tuvieron carácter indefinido –42.433–, frente a los 450.000 eventuales o los 240.000 de obra y servicio. Precisamente, la nueva reforma laboral ataca de lleno esta rotación laboral y elimina los contratos de obra y servicio, que el pasado año supusieron tres de cada diez acuerdos de trabajo en Castilla y León. Este tipo de contratos, que se podía alargar hasta cuatro años antes de ser indefinidos, ha sido muy utilizado en la construcción, el campo o los servicios.
A partir de ahora, el texto aprobado por el Gobierno establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse dos tipos de temporales: el estructural y el formativo. El primero solo podrá responder a circunstancias de la producción o por sustitución de otro trabajador; mientras que el contrato por circunstancias solo podrá usarse para incrementos imprevisibles de la producción o cambios de la demanda por un máximo de seis meses, ampliables a 12, con un subtipo de 90 días para las campañas de Navidad o agrícolas.
Problemas en el campo
La desaparición del contrato por obra y servicio puede generar problemas a los agricultores y ganaderos de la Comunidad, que muestran su inquietud sobre cómo estos cambios han sembrado de dudas al sector. Opas y cooperativas remarcan que la norma «complica excesivamente la contratación en las explotaciones agropecuarias», y consideran que tendrán problemas para realizar contratos de temporada como los de la poda en verde o la vendimia.
Ultraactividad plena
Sin embargo, quizás la parte que más celebran los sindicatos de la nueva reforma laboral es que el documento modifica el texto de 2012 para recuperar el equilibrio en la negociación colectiva, reinstaurando la 'ultraactividad plena', de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo. Además, el convenio de sector recuperará su prevalencia sobre el convenio de empresa. «Supone la primera reforma a favor de los trabajadores», sostiene el líder regional de la UGT,Faustino Temprano, mientras que la Secretaria de Empleo de CCOO, Nieves Granados, reconoce que «será la clave para poder cambiar las relaciones laborales».
La reforma se deja notar
Pese a que la nueva reforma laboral entró en vigor el pasado 31 de diciembre, el Gobierno ha fijado un periodo transitorio –'vacatio legis'– de tres meses para que las empresas adapten sus contratos temporales antes de estar plenamente vigente. El mes de enero, el primero bajo el paraguas de la nueva norma, ha evidenciado un cambio de tendencia en las contrataciones que los sindicatos achacan al nuevo documento. Todavía es pronto para saber que impacto tendrá la normativa laboral recién estrenada, pero lo cierto es que en Castilla y León, la cifra de afiliados eventuales durante el primer mes del año (193.013) ha sido la más baja para este periodo del último lustro –a excepción de un 2021 marcado por la covid–, mientras que los indefinidos han marcado la cifra más alta de la década para un mes de enero.
«Todas las medidas van a ser relevantes para Castilla y León»
El presidente de la patronal castellano y leonesa, Santiago Aparicio, destaca que la nueva reforma laboral resulta «especialmente relevantes también para nuestra Comunidad», aunque advierte que estarán «muy atentos» a su aplicación en la práctica para poder realizar una valoración completa. De esta forma, el máximo responsable autonómico de CEOE considera que la norma recién convalidada en el Congreso de los Diputados «consolida el modelo laboral actual, que ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegurar su competitividad y contribuir al crecimiento del empleo». Además, reconoce que el acuerdo cerrado entre el Gobierno de España y los agentes económicos y sociales «mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, continúan impulsando la estabilidad en el empleo, a través de la figura del fijo-discontinuo, y se preserva la contratación temporal para atender las oscilaciones de la actividad empresarial».
Aparicio también valora que se mantiene «la regulación vigente en términos de flexibilidad interna, se actualiza la de los ERTE a la experiencia adquirida durante la pandemia, asegurando su supervivencia y preservando el empleo, y se mantiene vigente la subcontratación como exitosa fórmula de colaboración empresarial que siempre se ha caracterizado como clave para fomentar la actividad económica de pymes y autónomos».
En resumen, el presidente de la patronal avala que «todas estas medidas, sin duda, van a resultar muy relevantes en la Comunidad, teniendo en cuenta la estructura productiva caracterizada por un tejido empresarial y una actividad productiva centrada en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos».
«Es la clave para poder cambiar las relaciones laborales»
«Este es el primero y fundamental movimiento para cambiar el marco de las relaciones laborales». Así resume Nieves Granados, Secretaria de Empleo de CCOO Castilla y León, la nueva reforma laboral aprobada que servirá, según ella, para hacer frente a los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, «lastrado por un alto grado de temporalidad y bajos salarios». «Tras la reforma del 2012 colocó a los trabajadores en el escalón más bajo del sistema, como mano de obra barata que se coge, se usa y se tira a modo de 'barra libre'», asegura Granados, que contrapone esta situación con el hecho de que la nueva reforma «propone dar la vuelta al sistema con una sencilla frase: 'El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido'».
La responsable sindical sale al paso de las críticas recibidas por el nuevo marco regulatorio laboral y reconoce que los cambios «generan resistencias y suponen un esfuerzo de adaptación a todos los agentes que actúan en este sistema», pero explica que «si pudiéramos analizar pormenorizadamente los costes económicos y sociales de la precariedad concluiríamos que la vinculación estable de los trabajadores con sus empleadores y el compromiso de ambos generan beneficios que van más allá de la cuenta de resultados».
«Se reduce la precariedad en el empleo, estableciendo condiciones estrictas y sanciones contra el fraude y se restablece el equilibrio en las relaciones laborales, a través de la negociación colectiva y la atribución de funciones a la representación legal de los trabajadores», celebra Granados, que recuerda como la norma, que «cuenta con el apoyo de las tres patas del DiálogoSocial», trata de modificar cuatros artículos del vigente estatuto de los trabajadores para «trasformar las reglas del juego».
«Supone la primera reforma a favor del trabajador»
El líder regional de la UGT, FaustinoTemprano, reconoce que se trata de un «acuerdo histórico» que supone la primera reforma «a favor de los trabajadores de la legislación laboral en décadas» y «resulta imprescindible para el mantenimiento del Estado Social ya que devuelve el equilibrio a la negociación colectiva, toma medidas serias frente a la precariedad y avanza en la construcción de un modelo adecuado de iniciación para los jóvenes en el mercado laboral». Un acuerdo cuyos objetivos, según Temprano, son combatir la precariedad, reducir la temporalidad, reequilibrar la negociación colectiva y fijar mecanismos alternativos a las extinciones de contratos de trabajo en periodos de crisis. «Es la primera vez en la historia de la democracia que una reforma laboral cuenta con el consenso de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas», ensalza el responsable sindical, que recuerda que responde a un «compromiso ineludible» con la Unión Europea que exige a España, entre otras cosas, «acabar con la alarmante e injustificada temporalidad y precariedad de nuestro mercado de trabajo».
Para la UGT de Castilla y León es un acuerdo «positivo» y un «referente» para muchos países del mundo. Y es que este acuerdo, destacan, «recupera el equilibrio de las relaciones laborales y fortalece, por tanto, la negociación colectiva; fomenta la contratación indefinida; limita la temporalidad; potenciar los contratos formativos y apuesta por mecanismos de flexibilidad interna o suspensión temporal de empleo frente a los despidos, entre otros avances».
No obstante, Temprano avisa que nada impide que desde la UGT sigan trabajando para mejorar lo acordado como la regulación del despido colectivo.