El botellón en el centro histórico alto llegó hace cuatro años a unos niveles de molestias a los vecinos que el Ayuntamiento no tuvo más remedio que endurecer la ordenanza para castigar esta práctica. Lo hizo a instancias de los residentes de la zona, que cada fin de semana sufrían los ruidos y el vandalismo que protagonizaban los que allí se reunían. Hubo incluso graves agresiones a algunos que reprochaban a los chavales su actitud. La Concejalía de Sanidad modificó la ordenanza de drogodependencia para castigar con más dureza estas conductas. Las multas pasaban a ser de hasta 600 euros si se consideraba que alteraba la paz social. Pero en todo este tiempo no se ha tramitado ninguna denuncia por este motivo.

Fueron los propios vecinos del casco histórico alto los que en 2017 se reunieron con todos los grupos municipales para solicitar el endurecimiento de las sanciones. Básicamente porque cada vez que alertaban de botellones en el entorno del Castillo la Policía Local les contestaba que si no les pillaban in fraganti era muy difícil denunciar esas conductas. La solución que encontró el equipo de Gobierno municipal, entonces del PP, fue una leve reforma de la ordenanza de drogodependencia que recogiera lo que ya contemplaba la Ley de Seguridad Ciudadana a nivel estatal: que el consumo de alcohol y sustancias en la vía pública fuera castigado con multas de entre 100 y 600 euros siempre y cuando se ocasionaran perturbaciones al resto de ciudadanos.

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