El 22 de noviembre del año pasado María Doris Romero y sus hijos, Daniel, de 22 años, y los gemelos Francisco y Darío, de 18, llegaron a Madrid desde Valledupar (Colombia). Huían del terror provocado por meses de amenazas recibidas por uno de los chicos, Daniel, a consecuencia de sus actividades en favor de los derechos humanos como estudiante de la Universidad Popular del César de esa localidad. Y como de nada sirvieron las denuncias que realizaron en la Fiscalía y en la Personería, entidad que en aquel país vela por la promoción y protección de los derechos humanos, decidieron poner tierra de por medio. Su primer contacto al aterrizar en Madrid fue con el Samur Social, después con Cruz Roja y más tarde fueron derivados a Burgos donde llevan desde el 29 de diciembre viviendo en el albergue de Cáritas e intentando las 24 horas del día conseguir una cita en Comisaría para solicitar protección internacional. Una misión que, hasta ahora, les ha resultado imposible no solo a ellos sino a alrededor de un centenar de personas.
El derecho de asilo está reconocido en la Constitución pero como la infraestructura en la que se sustenta es precaria -desde la Subdelegación del Gobierno se reconoce la falta de personal y se asegura que se ha solicitado un incremento- y la demanda ha crecido mucho en los últimos meses, no se consigue en un tiempo «razonable» si quiera la obtención de turnos para solicitarlo o estos llegan con mucha lentitud. La protección internacional es la que se da a las personas de países no comunitarios debido a, como define el Ministerio del Interior, «fundados temores» de que están siendo perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

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