La guerra política por la fiscalidad marca un año, 2022, que concluye con la aprobación del primer presupuesto del Ejecutivo de coalición PP-Vox para 2023, el más alto de la historia de la Comunidad por los fondos de la UE. Las cuentas no incorporan las rebajas fiscales prometidas, al no aprobarse la Ley de Medidas Tributarias por un error de los dos socios, que mantienen la exigencia, una vez más, de la reforma de un sistema de financiación autonómica "totalmente insuficiente".

Arranca y concluye el ejercicio con los presupuestos prorrogados de 2021, tras la negociación fallida con Por Ávila, que desemboca en la destitución de los consejeros de Ciudadanos, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones el 13 de febrero por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Tras los comicios, nace el Gobierno de coalición PP-Vox que apuesta por las rebajas fiscales frente a la crisis y exige una y otra vez al Ejecutivo central de Pedro Sánchez que reduzca la presión fiscal sobre los ciudadanos par poder afrontar la crisis inflacionista.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, inicia el año tras la crisis de Gobierno remitiendo al Ministerio de María Jesús Montero, las observaciones al 'Informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada' y confía en la pronta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para avanzar en la revisión del actual modelo.

La Junta de Castilla y León estima entonces que el sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, ha generado un déficit acumulado de, al menos, 7.650 millones de euros, lo que supone una pérdida de 1.500.000 euros diarios, en especial en los servicios básicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales.

Montero promete un nuevo esqueleto de reforma con las alegaciones autonómicas, que no llega. La reforma se paraliza de nuevo y no será posible al menos hasta la próxima legislatura. Mañueco insiste en la necesidad de una reforma, durante su viaje a Sevilla a finales de julio, el día 23 exactamente, a la toma de posesión Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta Andalucía.

El 28 de julio, el CPFF aprueba 8.136,2 millones para la Comunidad, un 25 por ciento más, y Carriedo critica dejarán de recibir más de 800 millones al suprimirse el Fondo COVID y al reducirse el margen de déficit del 0,6 por ciento al 0,3 por ciento. Cabe destacar también que en materia presupuestaria se cierra por fin el litigio por el IVA de 2017, y a finales de febrero, el Ejecutivo acepta el pago de 195 millones.

El primer presupuesto PP-Vox

El Consejo de Gobierno aprueba el 13 de octubre el techo de gasto más alto de la historia par 2023. Rebaja la previsión de crecimiento para 2022 al 3,3 por ciento y sitúa la de 2023 en el 1,6 por ciento. Mañueco y su vicepresidente, Juan García Gallardo, presentan el 27 de octubre, los presupuestos con mayor dotación de su historia, con 13.809 millones, que representan un aumento de un 12,3 por ciento en relación a los últimos aprobados, los de 2021, y se dirigirán a las familias de la Comunidad y a luchar como principal reto contra el "invierno demográfico". Los fondos de la UE se disparan un 62,3 por ciento, con 1.985,94 millones; las inversiones reales crecen un 50,2 por ciento y superan los 1.000 millones, y los altos cargos se congelan los salarios.

El crecimiento contrasta con la merma que sufren las inversiones en la Comunidad en los presupuestos generales del Estado, del 4,2 por ciento, 955,8 millones de euros, que convierten a Castilla y León es la única comunidad, junto a Murcia, con retroceso. Arrecian las críticas

Carriedo vuelve a la carga contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no reformar el modelo de financiación, y precisa durante su comparecencia en comisión, que "únicamente sumando lo presupuestado en las tres consejerías sociales hay 8.630 millones de euros" y el modelo "deja sin cubrir casi 500 millones de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales".

Rebaja estrella del IRPF

Mañueco lanza desde su nueva etapa al frente del Ejecutivo su propuesta estrella de rebaja del primer tramo del IRPF junto con reducciones de otros tributos y tasas y medidas fiscales de apoyo para el medio rural. El Consejo de Gobierno aprueba el 15 de septiembre, el proyecto de Ley de Rebajas Tributarias en Castilla y León, que tendrá un impacto sobre las arcas autonómicas de 36 millones de euros al año, lo que supone unos 144 millones en una legislatura completa.

La ley se aprueba con los votos de PP y Vox en las Cortes, el 30 de noviembre, que se suman a las ventajas que mantiene la Comunidad en las medidas de acompañamiento de los presupuestos, y el anuncio de más deducciones a familias numerosas del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, el 27 de octubre, durante la presentación del proyecto, que se introduce vía enmiendas. No serán las últimas rebajas fiscales, insiste una y otra vez Carriedo. Castilla y León se sitúa como la segunda autonomía con el tramo más bajo en el IRPF, y las ventajas fiscales de las cuentas en su conjunto alcanzarán los 600 millones para 478.000 contribuyentes.

El pleno de las Cortes de Castilla y León del 29 y 30 noviembre sacan adelante con la mayoría parlamentaria de los partidos del Gobierno el texto presupuestario para 2023. En la víspera de Nochebuena, en una sesión bronca, marcada por el ruido, los socios deciden hacer caer la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras que acompaña a las cuentas, al aprobarse las enmiendas del Grupo Socialista por un error en la votación, pero anuncian una proposición de ley conjunta.

Ayudas al funcionamiento

La fiscalidad enfrenta en diversos frentes a Junta y Gobierno. El 13 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia durante su comparecencia en el Congreso, que, tras año y medio de espera, las ayudas de funcionamiento, conocidas como la fiscalidad diferenciada, se pondrá en marcha de forma inmediata en Soria, Cuenca y Teruel.

Sánchez precisa que se aplicará una reducción del cinco por ciento en la cotización por contingencias comunes de la empresa en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial. Además, habrá una reducción del 15 por ciento en la cotización por contingencias comunes de la empresa en los nuevos contratos indefinidos registrados en el ámbito provincial. Por último, se plantea una reducción del 20 por ciento. El Ejecutivo regional recuerda que fueron los trabajos del presidente junto a sus homólogos de Aragón y Castilla-La Mancha, los que lograron este compromiso de la UE, y lamenta que no se aplique el máximo de las posibilidades (20 por ciento) para toda la provincia.

Otras provincias con problemas demográficos exigen los mismos apoyos, de los que se benefica Soria por tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. En torno a 8.000 personas, según informaron fuentes de la Diputación de Zamora, se manifiestan el 18 de noviembre en el centro de la capital zamorana para reclamar una fiscalidad diferenciada para la provincia, en respuesta a la convocatoria formulada por la Institución provincial; la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Servicios de Zamora, y CEPE-Cepyme de Zamora.

Gestión de fondos de la UE

Por último, cabe destacar que los fondos de la UE también son otro foco de conflicto permanente entre gobiernos regional y central. La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, acusa el Ejecutivo de retrasar todas las convocatorias, y la Junta carga contra unas ayudas poco flexibles, y unos PERTEs diseñados de espaldas a los sectores productivos.