La Asociación de Afectados por el Ruido de Miranda acusa al concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, de «mentir», tras declarar en Diario de Burgos que «todas las llamadas» relacionadas con la contaminación acústica «se atienden y los escritos se contestan». Los datos que posee el colectivo confirman su postura, puesto que de las 34 denuncias que han presentado desde junio de 2019, tan solo han recibido respuesta a 11. Es decir, el Consistorio ha ignorado dos de cada tres de estas quejas.
Ante esta situación, la asociación tiene claras dos cuestiones. En primer lugar, que «los únicos responsables de este problema de contaminación acústica son del Ayuntamiento, dígase, alcaldesa, concejales de Seguridad Ciudadana, Medioambiente y Urbanismo». Por otro lado, el presidente del colectivo, Miguel del Pino, asegura que la administración municipal «tiene la obligación de velar por sus vecinos, si no esto sería el oeste». Para ello, la única opción que existe es «actuar».
«Nos gustaría preguntar si van a controlar o limitar las emisiones acústicas, si van a tener agentes habilitados para utilizar sonómetros en cada turno, en especial de noche, y con las fiestas que se acercan, si van a realizar mediciones de pruebas de sonido en los conciertos», resume Del Pino. Entre la gran cantidad de denuncias registradas por la asociación, una parte importante pertenece a las molestias generadas por las barracas y por las choznas en épocas de celebración. Sin embargo, la mayoría de quejas están relacionadas con la hostelería, sobre todo, en la calle La Estación y sus vías perpendiculares.
Eso sí, en la asociación aseguran que «no vamos a responsabilizar a los hosteleros, pero el Ayuntamiento debe actuar». «La inacción es absoluta o, al menos, no contestan debidamente. Si hay respuesta, es una respuesta vaga», lamentan. Con todo ello, sienten que «se están riendo de nosotros, de los residentes que vivimos en zonas acústicamente saturadas».
Estas emociones que padecen los vecinos afectados vienen causadas, básicamente, porque incluso cuando un escrito tiene respuesta, la situación, lejos de cambiar, se perpetúa. «Estamos muy cabreados porque los establecimientos denunciados siguen haciendo lo que les da la gana», relata Del Pino. Desde su punto de vista, «esto demuestra que no ha habido ninguna sanción o, al menos, a la asociación no se le ha informado». Creen que, en caso de que el Consistorio verdaderamente lleve a cabo algún procedimiento, «esas actuaciones reiteradas deberían implicar algo más contundente, que es lo que se está haciendo en otros Ayuntamientos».
Precisamente, la Asociación de Afectados por el Ruido pone de ejemplo otras ciudades en las que dicen que han existido hasta «sentencias», tanto para propietarios de bares como para los responsables municipales. «Ha habido varios alcaldes que ya han tenido condenas de prisión por inacción», recuerda Del Pino. «Parece que estemos amenazando y nada más lejos, basta con ir a las hemerotecas», sentencia.
Así las cosas, insisten en que podrían llevarse a cabo acciones eficaces, pero en Miranda se obvian. «No nos estamos inventando las medidas, se está haciendo en los Ayuntamientos más serios», expone el presidente del colectivo. «A lo mejor aquí no estamos a la altura», reflexiona.
MULTAS POR QUEJARSE. Al margen de la problemática esencial, en la asociación rememoran que uno de sus miembros «sufrió una multa de la Policía Local». Según dicen, esto ocurrió por «llamadas reiteradas quejándose del ruido del bar que tiene bajo su casa». Además, les consta otro suceso similar en La Torre de Miranda por problemas con el botellón, pero no cuentan con el expediente de ese caso.