La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior publicó en el Portal de Transparencia el seguimiento de los cien acuerdos de gobernabilidad suscritos entre PP y Ciudadanos, y que actualizará cada semana con las contribuciones de todos los centros directivos de la Junta de Castilla y León. El departamento que dirige el vicepresidente del Ejecutivo, Francisco Igea, es el competente en el diseño, el impulso y la coordinación de las actuaciones en materia de transparencia, participación y redes sociales a través del Gobierno Abierto.
En este sentido, encaja la novedad que supone la incorporación al Portal de Transparencia del documento de seguimiento de los acuerdos que rigen la acción de gobierno del actual Ejecutivo autonómico. Como ya adelantó el propio Igea, la Junta pone a disposición de todos los castellanos y leoneses este recurso.
Los ciudadanos pueden acceder a la evolución del centenar de acuerdos políticos para la gobernabilidad, vigentes para la presente legislatura. Esta novedad se suma al “impulso de una mayor apertura y transparencia” de la Administración autonómica a los castellanos y leoneses, así como a la rendición de cuentas.
La información se muestra en sendos bloques temáticos, correspondientes a los acuerdos en materia de regeneración política e institucional -18 acuerdos-; política fiscal –4 acuerdos-; economía y empleo –10 acuerdos-; sanidad –12 acuerdos-; educación -12 acuerdos-; políticas sociales -15 acuerdos-; fomento –6 acuerdos-; lucha contra la despoblación y nueva ordenación del territorio –un acuerdo-; agricultura y medio ambiente -15 acuerdos-; y turismo y cultura -7 acuerdos-.
Las tablas informativas se irán cumplimentando gradualmente con las fechas de inicio, situación de tramitación de cada uno de los acuerdos y su fecha de finalización. En estos momentos, en el apartado de regeneración política e institucional, el documento informa de que está cumplido el acuerdo para la limitación a ocho años entre los altos cargos; presentados los borradores en Consejo de Gobierno del refuerzo de la protección de delitos contra la Administración y el endurecimiento del Código Ético y de Austeridad de Altos Cargos (prohibición de gratificaciones, regalos, viajes y comidas); y presentado en el Registro de las Cortes la supresión de los aforamientos de los procuradores y miembros del Gobierno.
En Sanidad, señala que se ha avanzado en el objetivo de reducir las listas de espera y que están en proyecto de elaboración algunos acuerdos como el establecimiento progresivo de la libre elección de hospital; la publicación de los datos de rendimiento, actividad y gasto e indicadores de calidad de los servicios; supresión de la bolsa de temporalidad del personal facultativo mediante sistema de plaza vacante; o el impulso de las consultas de alta resolución para pacientes que residan a más de 50 kilómetros del hospital de referencia. Además, el documento establece que ya está elaborado el proyecto para el aumento del gasto en Atención Primaria, hasta alcanzar el 20 por ciento del total del Servicio de Salud (178 millones de euros, a incrementar en cuatro años).
En materia educativa, se han traspasado las competencias de las escuelas infantiles a la Consejería de Educación para “disminuir el coste para los usuarios y aumentar los casos de gratuidad”; mientras que informa de que el borrador de la ley sobre derechos y garantías ante el final de la vida, compromiso de políticas sociales, se encuentra en manos de los Servicios Jurídicos. Por último, se han iniciado los trámites para el Mapa de Ordenación de Transporte Público de Viajeros, que ya avanzó ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Derecho de acceso a la información
Desde su puesta en marcha, hace apenas un mes, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha recibido diversas solicitudes de particulares y colectivos de la Comunidad para acceder a la información pública.
Este departamento ha recibido nuevas comunicaciones, también de particulares y colectivos, que han sido derivadas para su tramitación a la Inspección General de Servicios. El vicepresidente, portavoz y consejero Francisco Igea confirmó en días pasados que una de las cuestiones más significativas a este respecto ha sido una denuncia formulada públicamente por la organización profesional agraria Asaja y que ha derivado en la apertura de una información reservada, que internamente se está coordinando con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.