La implantación del contenedor marrón en toda la ciudad para la recogida de materia orgánica, obligatoria por Ley a partir de junio del próximo año, será el principal reto al que se enfrentará el Ayuntamiento de Burgos con el nuevo contrato de basuras que entró en vigor la semana pasada y por el que el Consistorio capitalino abonará (en toda su extensión, no solo por este hito) casi 160 millones de euros a lo largo de los próximos diez años. La prueba piloto que se puso en marcha en marzo de 2015 en los barrios de Cellophane y del G-3 no fue precisamente un éxito y es ahora a Urbaser, la nueva adjudicataria del servicio, a quien le toca extenderlo por toda la ciudad.

El objetivo al que ya se ha comprometido es ambicioso ya que se espera adherir a un 12% de los usuarios potenciales, aproximadamente unos 11.000 hogares , en un plazo de un año desde su puesta en marcha.
El hecho de que se admita que un 90% de las familias no reciclará de manera separada la materia orgánica se explica, fundamentalmente, en que será el ciudadano el que proactivamente deberá de solicitar una tarjeta para abrir el contenedor marrón. La experiencia dice que solo quienes están verdaderamente concienciados harán un uso correcto ya que la realidad ha demostrado que tener abiertos este tipo de contenedores los convierte (por desconocimiento) en un cajón de sastre al que van a parar desechos de todo tipo. Y eso, echa por tierra el objetivo de obtener unos desechos que sean útiles de cara a su valorización y puedan utilizarse como compost.

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