El secuestro y asesinato de Anna y Olivia a manos de su padre, Tomás Jimeno, en Tenerife ha conmocionado a España entera y ha vuelto a traer a la actualidad, lamentablemente, la lacra de la violencia vicaria, esa que ejercen algunos progenitores sobre sus propios hijos para vengarse de sus parejas o exparejas. De ahí que buena parte de las labores de vigilancia que ejercen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no solo se centran en las mujeres que sufren maltrato, sino también en los niños del matrimonio. En la provincia de Burgos la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen en su radar a tres menores sobre los que existe un riesgo «medio» de que puedan sufrir violencia a manos de sus padres.
El jefe de la Unidad de Familia y Menor de la Policía Nacional, el inspector Martín Velasco, explica que la protección sobre los niños y adolescentes se activa de dos maneras desde una instrucción que entró en vigor en 2019. Por un lado, «cuando al margen de la madre también son víctimas de maltrato directo los hijos, bien psicológico o bien físico». Y por otro, cuando bien la Comisaría o bien la Comandancia detectan un comportamiento en el agresor que «puede poner en peligro a menores del entorno familiar».
En todo caso, la Comisaría lleva a cabo la labor de vigilancia especial sobre los menores haya o no orden de protección de la madre. Y es que «hay ocasiones en que la mujer no ratifica en sede judicial la denuncia, lo que no quiere decir que la Policía no haga un seguimiento de su caso». Cuando los niños son muy pequeños y todavía no van al colegio, «suelen estar siempre con la madre, de manera que la labor de protección es conjunta». La cosa cambia cuando entran en edad escolar y han de desplazarse a centros educativos. «Es verdad que las direcciones tienen un control de cada caso conflictivo, pero hay veces que nos toca actuar», afirma Velasco.
Burgos es la segunda provincia de Castilla y León con más menores en situación de riesgo por violencia de sus padres (...).
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