La alegación presentada por el PP a la modificación presupuestaria que servirá para inyectar 23,4 millones de euros a las cuentas del Ayuntamiento en este ejercicio costará tiempo y dinero. Por un lado, su entrada en vigor se retrasará hasta la próxima semana o la siguiente cuando podría haber estado operativa desde el 19 de junio y,  por otra parte, la necesidad de convocar una Comisión de Hacienda y un pleno extraordinario (para no dilatarla más) provocará que de las arcas municipales vayan a salir 9.309 euros para pagar las indemnizaciones de los concejales por la asistencia a dos sesiones que no se hubieran tenido que celebrar de no darse esta circunstancia.

El primer desembolso surge por la Comisión de Hacienda que se celebró este miércoles y costará a los burgaleses 1.434 euros. Los 221 que cobrará el presidente de la misma, David Jurado, los 184 que ingresará el vicepresidente, Vicente Marañón y los 134 que percibirán cada uno de los otros siete asistentes que no gozan de dedicación exclusiva o parcial. Es decir, Adolfo Díez, Carolina Blasco, Jorge Berzosa, Rosario Pérez Pardo, Israel Hernando, Ángel Martín y Dolores Ovejero. 

La comisión apenas duró 10 minutos y junto al punto del orden del día en el que se resolvía la alegación del PP solo había otro más, de trámite, en el que se aprobaba un reconocimiento extrajudicial de crédito (el pago de una factura).

Se da la circunstancia de que en el PP ya sabían de antemano, o al menos podían intuir con total certeza, que su alegación se iba a desestimar porque eso mismo ya había sucedido antes. Era la cuarta vez que los populares presentaban la misma alegación. En los últimos dos presupuestos, en la modificación de crédito que se aprobó a finales del año pasado y en esta ocasión.

La explicación que dan en las filas populares es que tienen un conflicto judicial abierto al haber llevado el año pasado a los tribunales la aprobación del Presupuesto. Consideraban que era irreal y que los ingresos estaban inflados y entienden que deben seguir alegando para mantener el mismo discurso que en los juzgados.

La alegación se fundamenta en que el PP entiende que en el Presupuesto debería de figurar una partida para cumplir con los compromisos adquiridos con Patrimonio Nacional para la colocación de unas puertas en el Parral. Un dinero que el Gobierno de coalición del PSOE y Cs no han incluido.

Los populares son insistentes con este asunto mientras que Patrimonio Nacional, la parte interesada a juicio del Ejecutivo municipal, no ha presentado ninguna alegación en este sentido.

Si el gasto por la asistencia de los concejales a una comisión que duró apenas 10 minutos ya es elevado, la cifra se queda pequeña en comparación con el coste que tendrá la celebración de un Pleno extraordinario.

En este caso, el Ayuntamiento deberá de pagar a los concejales 7.875 euros. Es decir, 375 euros a cada edil sin dedicación exclusiva o parcial.

Está previsto, además, que a lo largo del mes de julio se celebren otros dos plenos más. El ordinario y otro a finales que se está convirtiendo en una tradición y que servirá para abrir un debate sobre el estado de la ciudad.

Solo por estos 3 plenos cada edil percibirá 1.125 euros.