El largo periplo judicial que la concejal del PP del Valle de Manzanedo, Margarita Pérez Herrero, está llevando a cabo por el cierre de los caminos del término de Rioseco que han quedado dentro del latifundio de la empresa Fuente Humorera S.L. va camino de convertirse en el más largo y controvertido de la historia judicial de la comarca. Si los acusados por un delito continuado de prevaricación siguen sin sentarse en el banquillo por un caso que se denunció en 2011, ahora la defensa del propietario de la finca ha pedido al Juzgado Número 1 de Villarcayo que declare extinguida la responsabilidad penal por el delito leve de usurpación al que fue condenado Alfonso Pérez-Andujar Escudero en 2019, al no haberse pronunciado desde entonces el fiscal sobre el recurso de apelación que presentó ante la Audiencia Provincial.
El Juzgado Número 1 de Villarcayo dictó una providencia en noviembre de 2019 en la que admitió el recurso de apelación y dio traslado del mismo a las partes y al ministerio fiscal para que en el plazo de diez días presentaran escrito de impugnación o de adhesión al recurso. La acusación ejercida por Margarita Pérez presentó un escrito de impugnación, pero en estos tres años el fiscal ha permanecido en silencio y no se ha pronunciado sobre el recurso a la sentencia.
En ella se condenó al empresario a una multa de 3.600 euros, a razón de 20 euros diarios durante el periodo de seis meses, y a «reparar el daño causado, que en este caso consiste en dejar libres y expeditos los caminos públicos, retirando lo candados o los obstáculos que impidan el paso por ellos». Al ver que transcurría el tiempo sin que el fiscal emitiese su preceptivo escrito, la acusación presentó en diciembre de 2020, un año después, un escrito para que se le requiriese de nuevo a la Fiscalía su escrito y así se hizo mediante una diligencia de ordenación. De nuevo, se volvió a requerir al fiscal en septiembre de 2021 y de nuevo en junio pasado, después de que de nuevo la acusación lo solicitara.
No obstante, el artículo 131 del Código Penal indica que los delitos leves prescriben al año y la defensa del empresario considera que los documentos tendentes a recordar al ministerio público que debe pronunciarse sobre la apelación, «por su carácter de mero recordatorio de lo previamente acordado, carecen de la eficacia interruptiva», como indican algunas sentencias, de tal modo que da por superado con creces el plazo de un año.
Así las cosas, ha elevado hace unas semanas un escrito al Juzgado Número 1 de Villarcayo en el que le suplica que estime la causa de extinción de la responsabilidad criminal por prescripción y se absuelva a Alfonso Pérez-Andujar Escudero del delito leve de usurpación, al que fue condenado en 2019. En la vista oral de aquel juicio, el empresario no fue acompañado de testigos ni llevo ningún informe pericial de profesionales sobre la situación de las entradas a los caminos. Señaló que «hace muchos años están todos abiertos, los que corresponden, porque hay muchas puertas que no corresponden a caminos públicos y evidentemente están cerradas».
En marzo. Mientras, los próximos 28, 29 y 30 de marzo será juzgada la alcaldesa del Valle de Manzanedo, Carmen Saiz (PSOE), cuatro ediles y exediles de su grupo político y el exsecretario municipal, acusados del delito continuado de prevaricación o solo del delito a secas por los intentos de permuta de los caminos públicos a cambio de otras fincas fuera del latifundio que iba a aceptar el Ayuntamiento.