Una de las demandas históricas de los sindicatos de agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León es la necesidad de crear una brigada de investigación de incendios porque consideran que así se conocería con profundidad el origen de muchos siniestros. Ninguno de los gobiernos regionales de los últimos años ha movido ficha al respecto, pero al parecer algún empleado de Fomento y Medio Ambiente ha querido asumir funciones que, por el momento, no le corresponden. Han sido casos aislados que, sin embargo, no han pasado desapercibidos en la Guardia Civil, que es quien tiene las competencias al respecto, cuestión que ha recordado a la administración regional. 

Estos episodios se pusieron encima de la mesa durante la última reunión de la Comisión Provincial de la Policía Judicial celebrada en la Audiencia Provincial hace unos días. Los funcionarios de la Benemérita señalaron que habían detectado casos puntuales en los que agentes medioambientales se habían excedido de sus funciones durante las diligencias de investigación de algún siniestro. Consideraron oportuno remitir a la Junta de Castilla y León estos casos para recordar que estas brigadas deben ceñirse a lo que marca de manera estricta su instrucción. 

La Comisión Provincial de Policía Judicial, compuesta por el presidente de la Audiencia Provincial, el fiscal jefe, la jueza decana y los jefes de las unidades orgánicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, será quien recuerde a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente esa instrucción que limita a los agentes medioambientales sus labores de investigación, y que son competencia del Seprona del Instituto Armado. 

Los agentes mediambientales llevan más de una década pidiendo a la Junta de Castilla y León dichas competencias. La propuesta contempla la creación de brigadas especializadas en investigaciones de siniestros para que realicen peritajes en profundidad que aclaren su origen. La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) ha reiterado en numerosas ocasiones que en la actualidad, pese a que la administración regional asegura que estas labores ya se están haciendo, los funcionarios solo rellenan fichas básicas en las que casi por descarte se apunta la principal hipótesis. 

Esto, para este sindicato, no es investigar, sino un mero informe superficial que no aporta nada. Defienden que hay personal dentro de las brigadas con la formación suficiente para realizar investigaciones forestales y remitir las diligencias pertinentes a un juzgado. Esto permitiría, opinan en Apamcyl, recuperar gran parte de la inversión que hace cada año laJunta de Castilla y León en materia de extinción, que asciende a 6.000 euros por hectárea quemada. 

En este sentido, advierten de que muchos de estos incendios se producen por negligencias de empresas, como es el caso de los tendidos eléctricos, y que una investigación adecuada puede permitir remitirles los costes.