La consejera de Educación, Rocío Lucas, se felicitó ayer por que el último borrador de la ley de Universidades, que presentó el ministro Joan Subirats, contemple una mejora de la financiación de las instituciones académicas superiores, hasta llegar al uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 0,7 por ciento actual. Eso sí, exigió que no sea una «declaración de intenciones» y que venga a acompañado de una consignación presupuestaria a las comunidades autónomas. «No basta con que 'yo invito y tú pagas'», sentenció la responsable educativa autonómica durante la presentación de la Feria de Ciencia Sostenible de la Universidad de Valladolid (Uva), donde Lucas valoró que el Gobierno central plantee propuestas de mejora en el mundo universitario pero luego no se traduce en un aumento de la financiación que reciben las comunidades autónomas. En este sentido, puso el ejemplo de lo que ha ocurrido con los complementos salariales del personal docente e investigador.
Además, la consejera reconoció, según recogió la Agencia Ical, que le hubiera gustado participar en la elaboración del contenido del borrador de la ley de Universidades, por lo que se repite lo ocurrido con el anterior. No en vano, recordó que el anteproyecto del ministro Castells, ya fue retirado por no tener el consenso de ninguno de los actores que participan en el ámbito universitario como las comunidades autónomas, los rectores y los estudiantes. También mostró su desagrado por que la Consejería de Educación haya recibido el documento ayer por la mañana, mientras tenía lugar la rueda de prensa del ministro se producía la rueda de prensa del ministro Joan Subirats.
Nueva ley educativa
Por otra parte, la consejera salió al pasao y respondió a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien recordó a la Junta la obligación de acatar la nueva reforma de la Ley de Educación, referida a calificaciones en materia educativa no numéricas y a los currículos de algunas asignaturas como Historia y Filosofía, y agregó que debe cumplir los reales decretos sobre evaluación y promoción, ya que ordenan las enseñanzas mínimas en Primaria y ESO porque tienen carácter básico y se dictan al amparo de la Constitución. «Somos respetuosos con la ley y la cumplimos aún cuando no nos guste porque devalúa el sistema educativo», dijo Lucas, que aseguró que «precisamente por esa devaluación», la Junta no se va a «plegar a las exigencias de un Gobierno» que a su juicio «quiere llevar a los jóvenes a una enseñanza de muy baja calidad».
«El fracaso escolar no se arregla bajando el nivel. Tenemos un modelo educativo de éxito y para la Junta de Castilla y León es una prioridad inexcusable defenderlo y mejorarlo», afirmó la consejera de Educación. Igualmente, Rocío Lucas apuntó que desde la Comunidad, en uso de sus competencias, van a seguir apostando por la educación basada en el «esfuerzo» y en el «mérito», que «tan buenos resultados» ha dado a su juicio «siempre», y en el reconocimiento de la labor de los docentes.
Por su parte, Barcones había subrayado antes que la Alta Inspección de Educación tiene la obligación de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en esta materia y, si no se cumplen los aspectos básicos del currículo, recalcó, para garantizar que se recurrirá la norma de la Junta de Castilla y León que los incumpla.