En la gran crisis social que padece actualmente España es imprescindible ayudar a las familias que peor lo están pasando para que puedan cubrir al menos sus necesidades más básicas. La emergencia acuciante de algunos hogares hace que la espera se haga imposible. Dos meses de retraso es lo que tardan algunos ayuntamientos en conceder y abonar estas subvenciones para poder comer, vestirse o pagar el alquiler, denunció ayer la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.  

Ante esta situación originada por las trabas burocráticas, los gerentes de los servicios sociales piden que las ayudas urgentes no se tramiten como cualquier subvención, sino que establezcan procedimientos ágiles.

Casi tres millones y medio de españoles (3.309.566) sufren carencias graves: no pueden permitirse una comida de carne o pescado cada dos días, mantener su vivienda con una temperatura adecuada, hacer frente a gastos imprevistos, pagar suministros o tener una lavadora, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

«Solamente 900.000 personas han recibido ayudas de emergencia social de las entidades locales, exiguas y atrapadas en la burocracia», indica esta asociación que recuerda que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que tienen estas familias para cubrir esas necesidades tan básicas. «¿Se imaginan que la prescripción de un médico fuese sometida a estos procedimientos y que las prestaciones del Sistema de Salud tuvieran la consideración de subvenciones? Los pacientes morirían esperando la aprobación del interventor y del procedimiento administrativo», explica su presidente, José Manuel Ramírez, quien insiste en estas ayudas de emergencia no pueden ser estudiadas como subvenciones.

Inmediatez

A pesar de que los presupuestos municipales para atender las necesidades más urgentes de las familias más vulnerables se han incrementado hasta un 30 por ciento por la pandemia, «los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales han imposibilitado el acceso y, por tanto, la eficacia de las ayudas», añade. 

«Hay ayuntamientos que pueden tardar casi dos meses en dar una ayuda de urgencia social, y las trabas a la hora de justificar en las intervenciones son dificultosas a la vez que humillantes», lamenta.

Un situación parecida se da con «el entramado burocrático, innecesario y cruel» del ingreso mínimo de inserción, «que solo llega a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas».

En 2020, las entidades locales destinaron 160 millones de euros en ayudas a personas que carecen de recursos básicos; eso supone cuatro euros por habitante y año y la media de prestación se sitúa en 184 euros, recuerda la asociación de gerentes sociales.

«Pensando en la angustiosa situación, consideramos que corresponde al Gobierno adoptar medidas efectivas con la inmediatez que su situación requiere», asevera.