De poco sirve que las juezas de la jurisdicción Social en Burgos manifiesten cada medio año que el apoyo de una magistrada de refuerzo es insuficiente para reducir el colapso de los juzgados. El Consejo General del Poder Judicial, que es quien insta al Ministerio a crear nuevas unidades, no ve las cifras de juicios pendientes y las esperas de más de un año en algunos asuntos suficientes para poner en marcha un cuarto órgano. Y la última Comisión Permanente lo dejó muy claro al solicitar 32 nuevos en varias ciudades españolas. Ninguno en la capital burgalesa. 

En concreto, y tras analizar datos del Servicio de Inspección de la situación de todos los juzgados de los social que estaban señalando actos de conciliación y juicio con más de un año de espera, entendieron que era necesario crear 32 nuevos órganos en Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Se tenía en cuenta, señalaron fuentes del Poder Judicial, el criterio fijado recientemente por el Tribunal Constitucional, cuya Sala Primera declaró que una demora de varios años vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Cabe recordar que la agenda de los tres juzgados de lo Social está completa hasta finales del próximo año. Es más, las magistradas ya han comenzado a señalar algunos asuntos para enero de 2024. Reconocen, no obstante, que con el refuerzo de la jueza de apoyo han conseguido reducir los plazos de respuesta en procedimientos urgentes como los despidos. 

En estas circunstancias el número de asuntos pendientes del Juzgado de lo Social número uno es de 918 (el pasado año eran 944), en el número dos 967 (por los 965 del ejercicio anterior) y 948 en el tres (1.037 había en 2021). En total, 2.833. Estas cifras son, según refleja el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial, muy similares a las que presentan los órganos de Elche (Alicante), donde la Comisión Permanente ha propuesto la creación, no de una, sino de dos nuevas unidades judiciales. El número de procedimientos en trámite es de 2.896, a una media de 965 por cada uno de los tres órganos ilicitanos. 

Pero es que, según recordaron en un escrito conjunto las tres juezas de lo social de Burgos, para lograr estas cifras, que siguen reflejando una gran carga de trabajo, han fijado quince juicios diarios cada cuarto de hora durante dos días a la semana. Esto hace una media de unos 80 o 90 juicios por jueza al mes. 

Y el informe del Servicio de Inspección reconoce el esfuerzo de las titulares de lo Social, pues si bien la creación de un nuevo juzgado no figura entre sus prioridades, concede que éstos «exceden de las legítimas expectativas de los ciudadanos y quebrantan el principio de celeridad que rige la jurisdicción social», por lo que advierte de la necesidad de aumentar la planta judicial en todas aquellas localidades en las que la carga de trabajo de los juzgados de lo social supera el 130% del indicador de media en los últimos cinco años. 

De este fragmento se deduce que la Comisión Permanente del Poder Judicial tendrá a bien, al menos, atender la petición que hizo hace unos días la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de mantener a la jueza de apoyo en los juzgados de lo Social como mínimo otros seis meses para evitar que el colapso sea aún mayor.