Las barreras arquitectónicas que aún presentan algunos comercios de mayor antigüedad, principalmente concentrados en zonas como el centro de la capital, están siendo objeto de atención por parte del Ayuntamiento. El departamento municipal que se ocupa de esta área lleva «todo el año» trabajando en el desarrollo de un plan de ayudas dirigidas a estos negocios con el fin de que sean accesibles, tal y como avanzó ayer su responsable, Rosa Niño, quien apeló a la importancia de mejorar este aspecto teniendo en cuenta el «envejecimiento de la población» y la necesidad de aportar soluciones a las personas con movilidad reducida.
«Son aquellos que no están obligados a adaptarse porque su puesta en marcha es anterior a la normativa vigente, algo que no se da en los nuevos establecimientos», subrayó la concejala, quien avanzó algún detalle de la anunciada convocatoria. En este sentido, aseguró que la previsión pasa por lanzar la línea de subvenciones a principios del próximo año con cuantía «mínima» que oscilará entre 2.000 y 3.000 euros por negocios para acometer las obras necesarias para tal fin, si bien aún se está valorando el montante global que se destinará a la nueva convocatoria.
Niño realizó este anuncio durante la entrega de los premios Comercio Sostenible que se celebró ayer en la sede de la Cámara de Comercio, dentro de un programa de la entidad que fomenta las buenas prácticas en este ámbito y que se ha desarrollado desde el año pasado en colaboración con el Ayuntamiento. El acto contó con la presencia de Eztizen Gregorio, representante de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Gregorio alabó la iniciativa promovida en Burgos, que puso como ejemplo de que «podemos hacer mejor las cosas» para dar pasos hacia un «consumo sostenible que debe ser progresivo y continuado en el tiempo a corto o largo plazo». Expuso en este sentido algunas de las conclusiones que su agrupación ha extraído a partir de distintos estudios, como el hecho positivo de que el 73% de las decisiones de compra «tienen motivos éticos y sostenibles detrás», además de que la mayoría de los consumidores «son conscientes» de que sus acciones plantean consecuencias.
De hecho, aseguró que en muchos casos se practican hábitos sostenibles, como el hecho de no adquirir productos sobreenvasados, reducir el desperdicio alimentario o productos locales. No obstante, reconoció que existen barreras al respecto y entre ellas destacó la «falta de información fiable», el poco tiempo del que disponen los ciudadanos o el precio, siendo un «56% más caros este tipo de artículos». Por ello, sostuvo que las administraciones tienen que liderar ese cambio y afirmó que las empresas deben de ver en esas prácticas «una mejora de su competitividad».