La labor de la Inspección de Trabajo en Castilla y León ha detectado durante los diez primeros meses del año un total de 4.134 infracciones laborales en la Comunidad, un 15,3 por ciento más, con unas multas acarreadas por valor de 10,4 millones de euros. Unas cifras que han llevado a la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a planificar 46.500 inspecciones de trabajo y seguridad social en Castilla y León para 2020, lo que supone un seis por ciento más de actuaciones que este año. Un marcaje del Ministerio que se centrará en mejorar las condiciones de trabajo, controlar el fraude en la contratación temporal, luchar contra el empleo sumergido e irregular, y garantizar la seguridad y salud en la empresa.
El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, y la directora general del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, María Soledad Serrano, asistieron ayer a la reunión de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que también ha estado presente la directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos, Amparo Sanz. Allí se aprobó el programa territorial integrado de objetivos del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el año 2020 en Castilla y León, que prevé la realización de 46.500 inspecciones, el 6,06 por ciento más que en el presente ejercicio (2.657 más, en cifras absolutas), informa Europa Press.
En concreto, la Junta asumirá la ejecución de 20.794 iniciativas, lo que representa un incremento del 5,4 por ciento respecto a 2019 y equivale a casi el 45 por ciento de las 46.500 planificadas. Estas acciones se centrarán en las dos materias que son competencia de la Comunidad: la prevención de riesgos en el trabajo y las relaciones laborales.
En el transcurso de la reunión también se analizaron los resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León durante el año 2019. En este punto, en el periodo entre enero y octubre, la suma de las infracciones de todas las áreas sobre las que tiene competencia de actuación la Inspección ascendió hasta las 4.134, que llevaron aparejadas sanciones por un importe de casi 10,4 millones de euros.
Estos datos evidencian un incremento del 15,35 por ciento en el número de infracciones y del 16,08 por ciento en la cuantía impuesta con respecto al mismo periodo de 2018, cuando se formalizaron 3.584 infracciones por las que se notificaron sanciones por cerca de 9 millones de euros.
Así, en el campo de las relaciones laborales, los expedientes sancionadores tramitados entre enero y octubre de este año ascendieron a 566, lo que supone un incremento interanual de casi el 21%. Los requerimientos para subsanar las deficiencias detectadas han aumentado el 5,2% (hasta 2.750). Para finalizar, las infracciones en materia de tiempo de trabajo (jornada, registro, horas extras, entre otros) se han elevado el 37,3 por ciento (hasta sumar un total de 261).
Igualmente positivos fueron los resultados de la actuación de la Inspección en materias de seguridad y salud laboral. En los diez primeros meses de este ejercicio, el número de infracciones ha ascendido a 1.186, con un incremento de casi el 14,4 por ciento, frente a las 1.037 contabilizadas en el mismo periodo de 2018. También se ha producido un aumento de la cuantía sancionadora, pasando de 1,89 millones de euros a 2,55 millones de euros (34,9% más).
Se ha constatado un alza interanual de casi el 17,4% en el número de recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud laboral, y del 75% en la cifra de las paralizaciones.
Plan por un Trabajo Digno.
Las inspecciones que van a realizarse el próximo año se orientarán a los objetivos fijados en el Plan Director por un Trabajo Digno, que contó para su aprobación con el acuerdo y participación de Castilla y León. De hecho, la Junta aportó al documento las prioridades consensuadas con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social. Las principales líneas y objetivos de actuación fijados para 2020 son luchar contra el abuso y el fraude en la contratación temporal y parcial, así como combatir los excesos de jornadas y las horas extraordinarias no pagadas ni compensadas. El Plan Director, en materia de contratación temporal fraudulenta, ha logrado transformar 10.046 contratos temporales en indefinidos, entre agosto de 2018 y octubre de 2019. Además, se ha procedido a incrementar la jornada de 2.409 trabajadores a tiempo parcial.Por último, los requerimientos de pago de salarios dieron lugar a la recuperación de dos millones euros para los trabajadores de Castilla y León.