El día 1 de agosto del año 2019, en plena canícula veraniega, el Ayuntamiento de Burgos anunció mediante una nota de prensa que abría un expediente sancionador contra la empresa promotora de la obra de conversión del antiguo colegio Niño Jesús en viviendas, lo que ahora se denomina Residencial La Isla.

Decía el Consistorio que, una vez analizados los informes y resoluciones emitidos al respecto, el concejal delegado de Urbanismo, Licencias e Infraestructuras había resuelto la incoación de ese expediente para determinar las infracciones en que hubiera podido incurrir, tras ejecutar el derribo o desmontaje de la fachada protegida del edificio orientado hacia la calle Aparicio y Ruiz, «que se llevó a cabo sin licencia o contraviniendo las condiciones de la misma».

La desaparición de la fachada se produjo en abril de 2019 y el PSOE, entonces en la oposición, solicitó la «máxima sanción». Llegaron las elecciones, cambió el Gobierno municipal y en julio Podemos, cuyo portavoz todavía era Raúl Salinero, insistió con el tema. Pocos días después se anunció la incoación, y sin embargo allí se quedó.

El expediente lleva meses sin avanzar ni un milímetro, varado en la concejalía de Licencias y caducado desde hace tiempo. El pliego de cargos que fue trasladado a la empresa Bellbrick (vinculada a Dragados) y fechado el día 29 de agosto de 2019, está firmado por el entonces jefe de Licencias. En él califica los hemos imputados como constitutivos de una infracción «muy grave» y subraya que las sanciones que podían llegar a imponerse fluctúan entre los 300.000 euros y los 3 millones, según la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
Aquel documento le daba a la empresa un plazo de 10 días para formular alegaciones, presentar los documentos pertinentes y proponer la práctica de pruebas que considerasen oportunas. Pero también añadía que «el plazo máximo para la resolución y notificación es de 6 meses desde su incoación, prorrogable por otros tres meses y si la infracción no hubiera prescrito deberá iniciarse uno nuevo».
Descoordinación política. Al haber transcurrido mucho más de medio año, pues va camino del año y medio, el expediente ha caducado sin que ni siquiera se hayan contestado las alegaciones que la constructora presentó en septiembre (...). 

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