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El Ejecutivo prorroga el escudo social tres meses

Agencias
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El Consejo de Ministros aprueba una nueva moratoria hasta el 31 de octubre que incluye la suspensión de los desahucios y la prohibición de cortar la luz o el agua a familias en riesgo

Imagen de un desahucio que se iba a ejecutar a primeros de julio en Fuenlabrada que finalmente fue paralizado. - Foto: Rodrigo Jiménez

Que nadie se quede atrás. Ese es el objetivo del Gobierno con la nueva extensión de tres meses del escudo social para los más vulnerables. La moratoria, aprobada ayer en Consejo de Ministros, incluye la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la posibilidad de aplazar el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.

«Es una prórroga a ese escudo social que es la protección de los más vulnerables, incluidas las víctimas de violencia de género, en el ámbito de los suministros energéticos, de los servicios esenciales y de protección de la vivienda para evitar que tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia,», explicó la titular de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el último antes de las vacaciones de verano, la socialista añadió que «ojalá» el 31 de octubre, cuando acabe esa prolongación de la normativa, «los indicadores sanitarios permitan decir entonces que España se puede enfrentar al futuro sin el escudo».

Con la aprobación de la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2021, que expiraban el próximo lunes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prorroga la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad; la prohibición de cortes de suministro de agua, luz y gas; la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad, y la ampliación de la solicitud de prolongación del contrato de alquiler durante un plazo máximo de seis meses.

También figuran en esta normas las medidas que se aplican a los llamados grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de pobreza y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor -persona física con más de 10 viviendas-, podrán solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.

Igualmente, el escudo social contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.

Tras hacerse pública la decisión del Gabinete, el presidente, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en Twitter en el que celebró la prolongación de las medidas: «Quienes más sufren las consecuencias de la pandemia siguen así contando con el soporte del Gobierno. Nuestro propósito siempre ha sido el mismo: que nadie se quede atrás. En la pandemia y ahora en la recuperación».

Desde Unidas Podemos habían planteado que el escudo social se prolongara hasta final de año, al considerar que era «indispensable» mantener estas medidas para así «garantizar una adecuada protección para el mayor número posible de ciudadanos». Sobre todo porque, juicio de los morados, «siguen siendo necesarias en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia».

En este sentido, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, recordó que en las últimas semanas se ha producido un incremento de los índices de incidencia y contagio de la COVID, por lo que la pandemia «está lejos de desaparecer». «Esta situación, sin duda, va a afectar muy negativamente a la campaña de verano, en especial respecto a la actividad generada por la llegada de turistas extranjeros, con el consiguiente impacto de índole económico y laboral que ya sabemos», relató la dirigente de Podemos.