A las puertas de la adjudicación del nuevo contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en la provincia, las trabajadoras siguen manteniendo encuentros para que se materialicen sus reivindicaciones económicas, el pago de kilometraje, horas de trabajo y antigüedad, entre otras, antes de que la actual concesionaria del servicio, Sacyr Social, deje de prestarlo o se haga con el nuevo el contrato, ya que es una de las cinco empresas que han presentado ofertas para hacerse con un contrato que supone unos 28 millones de euros.
En la última reunión mantenida con la diputada provincial responsable de Bienestar Social, Inmaculada Sierra se comprometió «a hablar con la empresa para ver como resolvemos esta situación, los temas pendientes con sus empleadas, y que liquiden la deuda con ellas», apuntó, a la vez que considera necesario que exista «más comunicación entre la empresa y las trabajadoras», ofreciendo la posibilidad de que la Diputación haga el papel de mediadora para resolver los problemas antes de que finalice el contrato.
«Desde la Diputación vamos a hacer todo lo que podamos a nivel de apoyo», aseguró Sierra, quien reiteró a la trabajadoras que las bajas en el servicio que se registraron durante los primeros meses de la pandemia se ha recuperado y que el mismo está funcionado por encima del número de personas que se contemplan en las bases del contrato, y al mismo nivel que antes de marzo del año pasado. «Nunca hemos dejado de pagar las facturas que nos ha presentado la empresa, que se comprueba exhaustivamente», trasladó Sierra a las representantes de las trabajadoras.
La diputada considera que existen un problema de entendimiento entre la empresa y las trabajadoras, aproximadamente unas 300, «que no saben muy bien qué tipo de contrato tienen, ni qué nóminas cobran, tienen muy poca información respecto a sus contratos y están en una situación de desconocimiento», afirmó Sierra, quien se ofreció, una vez se adjudique el nuevo contrato, «a trabajar de otra forma, con la empresa que sea, y personarnos con las trabajadoras en todas las reivindicaciones e inquietudes que tengan a la hora de coordinarse con la empresa adjudicataria para que no se sientan ninguneadas», matizó.
Sierra también se comprometió a favorecer la comunicación entre la empresa y las trabajadoras, «y que en esa interlocución esté siempre la Diputación».
Rosa Cascajares, portavoz de las trabajadoras, que acudió a la cita con Purificación Alonso, se mostró satisfecha tras el encuentro con Sierra y el papel de mediadora que está dispuesta a desempeñar para establecer un diálogo con la empresa y canalizar sus reivindicaciones, fruto de lo que califica como «desbarajuste» de la empresa la hora de confeccionar las nóminas en las que, matiza, no se especifican algunos conceptos. «Hemos pedido que en el nuevo contrato también se fije una fianza para que en el caso de que la nueva adjudicataria no cumpla sus compromisos se utilice», señaló Cascajares.