José Fernández confiesa que  tenía ganas de dar un cambio a su carrera, un deseo que coincidió con la marcha de Santiago Mena de la Fiscalía, momento que aprovechó para presentar su candidatura al puesto de máximo jefe del Ministerio Público en Burgos. De carácter discreto y talante tranquilo no se muerde la lengua a la hora de pedir más recursos humanos y materiales para su oficina.

¿Tardaron mucho sus compañeros en convencerle para presentarse al cargo o usted lo tenía ya bastante claro?

Claro no lo tenía. Empecé a pensarlo cuando Santiago Mena (anterior fiscal jefe de Burgos) dijo que iba a aspirar a la Fiscalía Superior.  Y cuando supe que iba a ir definitivamente empecé a planteármelo. Antes no lo había tenido en mente. El hecho de que Santiago saliera de la jefatura me llevó a pensarlo por primera vez.

¿No le atraía el puesto o es que estaban cómodos con Santiago Mena como jefe?

Estando Santiago nunca me lo planteé. Al dejarlo él ves el espacio vacío y observas la posibilidad de hacer un cambio en el trabajo que estás desarrollando, que es lo que más me llevó a pedir la jefatura. La jefatura es el lugar donde puedo hacer algo productivo y que me puede satisfacer. Era un puesto adecuado para lo que buscaba.

¿Necesitaba nuevos retos después de 20 años como fiscal de Menores?

En Menores he estado muy bien y contento. El trabajo en Menores da muchas satisfacciones desde el punto de vista profesional. Pero es verdad que han sido 20 años de ejercicio y, probablemente, son muchos años. Llega un momento en que necesitas y te apetece un cambio profesional. Es cierto que la tarea no ha sido excluyente, pero sí muy absorbente.

¿Los casos de Menores le dejan una huella que no le dejan los de los adultos?

Menores te produce la sensación de estar realizando una actuación útil. Además, en un porcentaje muy alto -tras el trabajo que realizamos- no hay una posterior reincidencia. Es un dato muy positivo que nos congratula. Un porcentaje mucho menor sí que delinque después, algo que asumimos como fracaso o como algo inevitable. La actuación en la jurisdicción es satisfactoria.

A la tarea de calificar va a tener que añadir la de gestionar, coordinar y representar institucionalmente. ¿Le apetece?

Las funciones son muy diferentes, entre ellas también la de supervisión del trabajo de la Fiscalía. Personalmente la labor de gestión y de supervisión para que el trabajo salga con calidad técnica, con motivación, en tiempo, es la que más me apetece y que me puede satisfacer.

Que salga el trabajo en tiempo, comenta. En su discurso de toma de posesión aludía al viejo asunto de que la justicia no es justicia si es lenta. ¿Qué hacer para agilizarla?

La fase de investigación debe estar dirigida a la preparación del juicio oral y la prueba se practica en el juicio oral, de modo que no hay que dilatar el proceso de investigación  excesivamente, solo lo suficiente para ir a la vista con todas las pruebas, compaginando la solidez de la prueba con la celeridad. 

La justicia también es lenta porque el sistema es garantista, da la opción de presentar infinidad de recursos en el proceso de instrucción.

Hay cosas inevitables, porque hay un principio de contradicción y un derecho de defensa que hay que respetar. Tanto acusaciones como defensas tienen derecho a recurrir resoluciones, es inevitable. Pero tendremos que poner todo de nuestra parte para que las instrucciones se realicen en plazos razonables. 

El anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -como algunos anteriores- habla de otorgar a los fiscales la instrucción de los casos. ¿Cómo podría el fiscal agilizar los tiempos de los procedimientos? ¿Y cómo puede beneficiar el cambio al procedimiento?

El fiscal es quien dirige la acusación y quien presenta las pruebas en juicio, de modo que debe ser él quien practique la investigación, como se hace en Menores. Me parece fundamental. El juez tiene que estar como juez de garantías y juez sentenciador. Y el fiscal ha de dirigir la investigación.

¿El juez de garantías qué papel jugaría?

En cuanto a las resoluciones del fiscal no debería pronunciarse, sí en cuanto a las restricciones de derechos fundamentales, práctica de pruebas restrictivas de derechos fundamentales o adopción de medidas cautelares.

Habrá quien diga que unos fiscales que dependen de un fiscal general del Estado que nombra el Gobierno no gozan de la misma independencia que los jueces. 

En otros países en que la instrucción la llevan los fiscales el Ministerio Público también depende del Ejecutivo. No es un obstáculo. Desde luego hay mecanismos suficientes para considerar que la imparcialidad y la objetividad del Ministerio Fiscal están garantizadas en cualquier tipo de investigación, política, de cualquier índole. 

¿En casos de corrupción que afecten a altas autoridades del Estado?

Nunca he visto que haya habido algún tipo de interferencia en ningún tipo de caso. Siempre se nos ha respetado nuestra imparcialidad y objetividad. Siempre actuamos en aplicación de la ley. 

Hay gestos del Ejecutivo que ponen en entredicho esa imparcialidad. ¿Cree que queda bien nombrar fiscal general del Estado a quien ha sido ministra de Justicia?

Poco puedo decir. Es un nombramiento avalado, plenamente correcto y legal.

¿Tiene la Fiscalía suficientes instrumentos para investigar casos de corrupción?

Estos delitos son difícil de investigar, pero las dificultades son solventadas, porque si es necesario solicitar asesoramiento externo para las periciales se hace. 

Hay que reconocer, eso sí, que la Fiscalía no va de la mano del Gobierno en los indultos a los condenados del Procés. ¿Está de acuerdo con una medida de gracia que rechaza el Supremo de plano?

Como fiscal no puedo tener más opinión que la de la Fiscalía, que ha expresado su postura contraria a los indultos. 

Pero unos indultos con la oposición frontal del Supremo, ¿no es lo mismo que socavar la autoridad jurisdiccional y poner en duda el papel de los jueces? 

Cada uno hacemos nuestro trabajo y tenemos nuestra función. La del Supremo fue celebrar un juicio, sentenciarlo y hacer un informe sobre los indultos. La función de la Fiscalía fue presentar una acusación que derivó en juicio y sentencia y un informe sobre los indultos. Y ahora le corresponde al Gobierno cumplir su función conforme a la ley de indultos.

Y el delito de secesión, ¿está actualmente demasiado castigado en el Código Penal?

Las leyes las hace el Parlamento, elegido por los ciudadanos cuando somos llamados a votar. Lo que nos corresponde a los fiscales es cumplir las leyes emanadas del Parlamento, tenga el color que tenga. Y es lo que hacemos, porque esas leyes son la base del Estado democrático. 

Dieciocho fiscales para una provincia como Burgos, que tienen que moverse a partidos alejados de la capital, ¿son suficientes? 

Actualmente contamos con dos refuerzos, por lo que, obviamente, 18 no son suficientes. Creo que debería incrementarse en un fiscal más, por lo menos, dado que contamos con refuerzos.

¿El personal funcionario da abasto para tramitar todo su trabajo?

Son 16, pero creo que serían necesarios otros dos, como Santiago Mena había expresado en ocasiones anteriores.

El proceso de digitalización y el papel cero les ha dado enormes dolores de cabeza. ¿Va mejorando o tanto la tecnología como los programas precisan de importantes mejoras?

Mejora poco a poco. Hacen falta muchas modificaciones de los programas informáticos para que estén a un nivel aceptable de celeridad, flexibilidad, interconectividad, etc. Estamos en el camino, pero hay que mejorar muchas cosas.  Es un proceso irreversible.

¿Trabajan más rápido que con el modelo anterior?

Probablemente no. Pero tenemos que aceptarlo, porque la digitalización va a proporcionar seguridad jurídica y el día de mañana va a proporcionar celeridad, pero de momento no hemos llegado ahí.

¿La nueva oficina fiscal qué cambios conllevará a nivel organizativo?

Está pendiente que se cubra la plaza de gestor de la oficina, para la organización y dirección de la misma. Lo llevaría un gestor de la Administración de Justicia, una figura similar a la de los antiguos oficiales. 

Hablaba de especialización en el día de la toma de posesión. En Burgos hay fiscal de tráfico, de menores, de medio ambiente, violencia de género, de delitos informáticos... ¿Aún cabe más especialización?

El nivel es muy elevado, pero la especialización viene determinada por la Fiscalía General del Estado, que fija especialidades por las que luego se nombran fiscales delegados. Tenemos una decena con su correspondiente delegado. Llegará una nueva para aplicación de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. 

Uno de sus objetivos es proteger más y mejor a las víctimas de maltrato machista. ¿Cómo lo va a hacer?

Los instrumentos en materia de violencia de género los tenemos. Disponemos de una legislación adecuada y pondremos todo nuestro esfuerzo para que esas herramientas sean utilizadas y colaboremos en lo que todo se pueda contra la violencia de género.

La cifra de asesinatos machistas ha bajado, pero no en la proporción deseada. ¿Es la actual ley efectiva? ¿Se necesitan más recursos materiales y humanos?

La lucha contra la violencia de género no puede circunscribirse únicamente al ámbito penal. Si queremos acabar con ella debemos abordar el problema desde el ámbito educativo, de servicios sociales... En lo que nos corresponde lo haremos con todo nuestro esfuerzo, pero no es un problema solo penal.

Está repuntando la violencia contra los menores, y sobre todo la sexual. ¿Por qué y cómo atajarla?

Se ha multiplicado por 4 en los últimos 10 ó 12 años, sobre todo abusos y agresiones sexuales. Es una barbaridad y lo vemos día a día en los juzgados, en muchas ocasiones con el agravante de que los delitos los cometen adultos presentes en su ámbito de convivencia. Acaba de aprobarse la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que contiene unas previsiones normativas para proteger a estas víctimas. Esperamos que con su aplicación pueda reducirse este tipo de delitos. Pondremos todo el esfuerzo para que nuestra actuación en este ámbito sea rápida y contundente. Para la violencia nunca encuentro explicación.

¿Cómo son las relaciones con la Policía Nacional y la Guardia Civil?

La relación es excelente.  Hemos mantenido ya una reunión con el comisario provincial y el jefe de la Comandancia, con el subdelegado del Gobierno, y constatamos lo que ya sabemos, que la relación es excelente y que seguirá siendo así.

Antes de la pandemia, y con ella más, se han impulsado los acuerdos entre Fiscalía y las defensas para agilizar la Justicia. ¿Cómo se le explica al ciudadano que un delincuente cumpla menos pena en virtud de estos acuerdos?

La conformidad se hace con acuerdo de todas las partes y con respeto a la legalidad. En unos países está permitido no ajustarse a la legalidad en virtud de un principio de oportunidad, pero en España las penas se piden conforme al Código Penal para un determinado tipo de delito. No pedimos penas por debajo de lo que la ley dice. Establece unos márgenes mínimos y máximos y de acuerdo a los hechos que se enjuician se pide la pena adecuada.

Las denuncias que han analizado sobre diagnóstico y tratamiento tardío de enfermedades graves que han terminado en muerte, ¿no tienen que ver con negligencias médicas punibles con el Código Penal?

Se han abierto diligencias de investigación y realizado la investigación que se ha considerado oportuna, que generalmente ha consistido en recibir la denuncia; citar a los perjudicados si ha habido lugar; solicitar la historia clínica; pedir los protocolos de actuación en estas circunstancias a las gerencias de salud y realizar un informe médico forense de valoración de las circunstancias concurrentes para ver si ha habido algún tipo de negligencia u omisión en esa asistencia sanitaria. En los casos que hemos tenido el informe forense ha concluido que no se observa un incumplimiento de los protocolos de atención establecidos por la Administración sanitaria y no puede establecerse una relación de causalidad entre el tratamiento proporcionado por los médicos y el resultado de fallecimiento.

¿Tiene la percepción de que la ciudadanía trata de dirimir demasiados pleitos en la jurisdicción penal, cuando para ello tiene la civil o la contencioso administrativa?

Probablemente, sí. Siempre ha habido una cierta tendencia a acudir a la jurisdicción penal como primera vía cuando en realidad es la que debe actuar en última instancia. Y muchas veces, cuando no actúa la jurisdicción penal, porque considera que el asunto no es de su competencia, parece que en la ciudadanía cala la idea de que no se ha hecho justicia. Otras jurisdicciones deben actuar en determinadas circunstancias cuando un pleito no se dirime penalmente.

¿Qué van a hacer con los estudiantes absentistas?

Ha habido un número muy considerable de casos que han llegado a la Fiscalía de Menores, se han multiplicado el último año. Y la Dirección Provincial de Educación nos dice que en muchos el único motivo que se alega para no ir al colegio es la pandemia. En Menores se han incoado expedientes civiles de protección, una treintena en las últimas semanas. Iremos a los padres, al menor -si tiene edad para ello- para valorar las causas de falta de asistencia. En caso de que no haya justificación clara y terminante se valorará si los padres incurren en un delito.

¿Hay algún tipo de delincuencia que le preocupe actualmente en Burgos?

Al margen de los que hemos hablado, de violencia de género y contra los menores, también los casos de trata y explotación sexual, que son especialmente preocupantes. Y hemos detectado algún aumento.