La elevada música de un bar, una fiesta privada en un domicilio, un ascensor en mal estado, una puerta de un garaje que necesita ser reparada, un camión de la basura que se entretiene más de la cuenta... Muchos son los casos por los que casi a diario se reciban en el servicio de emergencias del 112 alguna llamada de un ciudadano quejándose por el malestar que les genera un ruido. Situaciones que provocaron que en los 6 primeros meses de este año, la Policía Local se desplazara hasta en 372 ocasiones para poner fin a un fastidio de este tipo. Unos datos que se unen a los aportados por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que cifra en 37 los expedientes sancionadores abiertos en el primer semestre del año.

Lejos de una desidia en la actividad inspectora, si por algo se ha caracterizado este 2019 es porque la Administración municipal ha sido mucho más vigilante en el cumplimiento de la normativa que en ejercicios anteriores. El concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, detalla que entre enero y junio se abrieron 150 expedientes (37 de ellos sancionadores) frente a los 187 de 2018 (48 sancionadores). Es decir, en un semestre se iniciaron casi los mismos procedimientos que en todo el año anterior.

El edil explica que este incremento en el número de expedientes abiertos obedece a que, de manera extraordinaria, se han realizado un número más elevado de «inspecciones de oficio a bares sin licencia musical». Porque, tal y como detalla, «existe una problemática con estos establecimientos porque algunos hosteleros se quejan de la competencia desleal» que sufren por parte de este tipo de negocios. Recuerda que hasta ahora el límite acústico para estos locales se sitúa en los 40 decibelios, lo que es, «a mi juicio, un nivel excesivamente bajo».

De los 150 expedientes abiertos en el primer semestre del año,  en un total de 113 no se ha iniciado el procedimiento de sanción. Bien porque la tramitación sigue aún su curso, porque no eran merecedores de una multa o porque la situación se podía corregir con un expediente de los que se denominan ‘de restauración de la legalidad’. Para este tipo de casos se establece un plazo para la adopción de medidas correctoras con el objetivo de que se solucione el problema sin tener que castigar con una multa. Aquí, cabe desde la petición por parte del Ayuntamiento para que se arregle la puerta de un garaje, un compresor frigorífico o un ascensor, hasta el hecho de que se solicite al dueño de un negocio la insonorización de un local que abre al público durante una parte de la noche. Si la persona (física o jurídica) no actúa, lo que se hace es iniciar el procedimiento para sancionar (deben pagar 600 euros). Y no solo eso, lo que también se hace es precintar las instalaciones.