La Unión Europea se ha puesto como objetivo alcanzar a mediados de siglo el reto de la neutralidad climática. Al fomento de las energías renovables o directrices como la prohibición de vender coches de diésel y gasolina a partir del 2035 se sumará a medio plazo una nueva Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación que pondrá el ojo sobre más de 26.000 inmuebles de viviendas en la provincia de Burgos. Los propietarios de todos ellos tendrán que actuar en una década para que en 2033 sus hogares tengan un certificado energético D como mínimo.
La tarea es descomunal, ya que según los datos que maneja la Junta de Castilla y León, en Burgos el 76,4% de los inmuebles que han pasado la revisión ha obtenido una calificación inferior a los estándares que exigirá Bruselas en 2033. El grueso de edificios, 19.548 sobre un total de 34.476, tiene una etiqueta E. Con peores registros, F y G, existen 3.310 y 3.495 viviendas respectivamente. Todas ellas deberán renovar, al menos, su fachada según unos parámetros básicos para lograr pasar el examen con un certificado mínimo de D. «Hay que aprovechar al máximo las ayudas que ofrecen los Fondos Next Generation que llegan de Europa para la eficiencia energética. No sabemos si van a volver», alerta José Ignacio Pérez Gonzalo, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos (COAATBU).

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