El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 estudia el recurso que ha presentado el Grupo Municipal Popular contra el contrato para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZAS) y el asesor jurídico municipal ha pedido que no se tengan en cuenta las medidas cautelares que ha pedido la formación, que es la suspensión del contrato ya adjuicado e iniciado, o de lo contrario que la portavoz del PP, Carolina Blanco, ponga 3,5 millones de euros sobre la mesa como seguro ante los perjuicios que se pudieran causar.

La portavoz popular, Carolina Blasco, ha mostrado su sorpresa por la actuación del letrado municipal solicitando este medida y ha recordado que "no trabaja a sueldo del Equipo de Gobierno ni tiene encomendada la tarea de defenderlo. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Burgos está para asistir a los 27 concejales del Ayuntamiento de Burgos y para defender al conjunto de la administración local, no a unos contra otros", señaló.

La portavoz apuntó que, en el caso de que el equipo de Gobierno siga adelante con sus planes para la zona de bajas emisiones,  y si el PP gobernara en el próximo mandato, anulará todo lo realizado.