No hace referencia solo a la falta de dinero, es mucho más. La exclusión social constituye un concepto que abarca dimensiones económicas, personales, relacionales y colectivas y cuyo análisis y acumulación permite conocer qué grado de integración tienen las personas en la sociedad. Es también el objeto de un estudio que periódicamente realiza la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa) vinculada a Cáritas: con una cadencia de cuatro años, el último trabajo fue publicado en 2018 pero la institución ha querido adelantarlo para descubrir cuáles son las heridas que la pandemia por covid-19 ha dejado en la población española.
La investigación se hace a nivel nacional y autonómico pero las delegaciones provinciales sacan las conclusiones de sus territorios y en el caso de Burgos es que ha crecido cuatro puntos la denominada exclusión moderada y severa en estos años, que ha pasado del 14% al 18% de la población, es decir que unas 64.000 personas viven peor ahora debido, entre otros factores, a la brecha digital, el aislamiento, el encarecimiento de los suministros y la precariedad laboral, según explicaron María Gutiérrez, responsable del Área Social de Cáritas Burgos, y Diego Pereda, de Sensibilización y Comunicación, que señalaron que el mayor o menor grado de exclusión tiene que ver con la acumulación de estos diferentes factores.
Son ocho las dimensiones que Foessa trabaja para conocer la inclusión de una persona: la vivienda (se mide, por ejemplo, el riesgo de desahucio o la capacidad para hacer frente a los gastos), la salud (enfermedades crónicas que impiden la autonomía, acceso a medicamentos), la educación (nivel de estudios), el consumo (la pobreza), el empleo, el aislamiento (vivir en soledad), la participación política (asociaciones, sindicatos) y el conflicto social (violencia de género y violencia intrafamiliar). De todas ellas, las dos únicas que no han empeorado en la provincia desde 2018 han sido la salud y la educación. María Gutiérrez cree que esto se debe a que tanto el sistema sanitario como el educativo son en Castilla y León bastante garantistas para el conjunto de la población, «incluida la inmigrante desde que se anuló el decreto de 2012 que los excluía de la atención sanitaria» y que dado el menor número de población extranjera que existe en la provincia con respecto a otros lugares no existe una excesiva segregación en las escuelas.
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