El área de Contratación del Ayuntamiento, el embudo en el que confluyen todas las secciones municipales cuando tienen que licitar cualquier contrato municipal, no da más de sí. Los cambios normativos introducidos en los últimos años por el Gobierno de España, en aras a una mayor transparencia y con el objetivo de dificultar prácticas corruptas, han incrementado de manera exponencial la carga de trabajo que, en el caso de una ciudad como Burgos, cada día asumen los apenas dos jurídicos y cuatro administrativos que conforman este negociado municipal. Hasta el punto de que los distintos servicios sufren en ocasiones los retrasos de un colapso que se conoce desde hace tiempo pero al que no se le ha puesto remedio y hasta el punto también de que la necesidad de priorizar haya impedido, por ejemplo, incumplir la Ley de Contratos del Sector Público que en 2017 estableció la obligación a las entidades del sector público de contar con un plan de contratación con su programación en esta materia.

El precepto legal de elaborar un plan de este tipo con carácter anual o plurianual no perseguía complicar la vida a los funcionarios, sino cumplir con una conocida demanda del sector empresarial de poder prever de manera anticipada los contratos que van a licitar las entidades del sector público para así poder estar preparados de cara a la publicación de los concursos. Porque aunque hay quien está muy al tanto de estos procedimientos, también los hay que carecen de medios o de tiempo.

De otro lado, esta obligación legal no solo persigue proporcionar información al mercado de los contratos que se van a licitar, sino que la administración también podría verse beneficiada por una mayor concurrencia de licitadores. Es decir, se incrementarían las posibilidades de poder obtener mejores ofertas o más económicas.

La falta de información sobre algunos procedimientos de este tipo ha provocado que en más de una ocasión se haya escuchado en los círculos empresariales un cierto malestar por el escaso periodo de tiempo que se les ha dado en un concurso para poder presentar ofertas. Lo que en ocasiones ha derivado en la renuncia a participar en procesos de licitación.

El concejal de Hacienda, David Jurado, reconoce que el Ayuntamiento no está cumpliendo con este precepto legal y no oculta que la explicación obedece a la necesidad de «priorizar». Admite la falta de personal y fía la creación de este plan a la implantación de la administración electrónica.

Al igual que en este caso, la modernización administrativa, que facilitará la comunicación entre servicios de manera digital, también llega tarde desde el punto de vista de la exigencia legal. No es menos cierto que ha sido en esta legislatura cuando se ha comprometido ya una inversión millonaria que se desarrollará a lo largo de los próximos años.