La situación de crisis sanitaria mejora poco a poco, se dan algunos avances en los cambios de fase pero aún quedan sectores económicos obligados a la inactividad. Es el caso de los centros infantiles privados que, tras dos meses y medio de cierre, están al filo de la quiebra y esperan de las administraciones públicas soluciones que les permitan sobrevivir.

El sector ha remitido en los últimos días varios escritos a la Junta de Castilla y León en los que denuncian la situación de «desamparo e incertidumbre» en la que se encuentran y reclaman ayudas para evitar su desaparición. Las guarderías piden «claridad» al Gobierno regional sobre su futuro inmediato después de «no haber recibido a estas alturas ningún tipo de información sobre cómo, cuándo y de qué manera podremos abrir». 

En palabras de Nuria Alonso, portavoz de estos centros en Burgos, en este momento «lo que se está hablando es de no dejarnos empezar hasta septiembre», una decisión que les abocaría a la ruina si no reciben recursos económicos.

Por ello, en el caso de que la Comunidad fuerce el cierre hasta septiembre, los representantes de las guarderías exigen que sea a través de una orden del Ministerio que evite que queden en tierra de nadie. «No queremos quedarnos en un limbo; sin directrices, pero con la posibilidad de abrir que nos haga perder los pocos apoyos que tenemos», explican, tras indicar que si tienen que levantar los ERTEs, una vez finalizado el estado de alarma, no podrán hacer frente a todos los pagos que se les vienen encima, principalmente si tienen que mantener unas ratio de alumnado muy bajos por razones de seguridad sanitaria. Ante esa situación, demandan ayudas directas para hacer frente al abono de los alquileres y gastos de los centros, que han dejado de ingresar pero mantienen sus costes fijos. Los 19 centros de Burgos acogen a 1.500 niños y emplean a 130 personas.

A diferencia de otras comunidades autónomas, Castilla y León ha decidido no autorizar la reapertura de los centros infantiles, y la decisión final la ha dejado en manos de Sanidad. «La situación es complicada y estamos a la espera de que alguien nos diga algo», declara Nuria Alonso.

La alerta sanitaria y el decreto de confinamiento obligaron al cierre de las escuelas infantiles, públicas y privadas, el 16 de marzo. Dos largos meses de inactividad que están suponiendo un descalabro para centenares de cooperativistas, autónomos y micropymes.

Estos centros para menores de 6 años son, hoy por hoy, la única opción de conciliación para miles de familias, no solo durante el curso escolar sino también durante el verano. De ahí que muchos padres se hayan interesado ya por su reapertura a fin de poder conciliar su vida familiar y laboral.

El sector ha recurrido también al Procurador del Común, a través de un escrito presentado el día 18, en el que alertan de su «situación de desamparo» y piden su mediación con la Administración para que concrete las condiciones de su vuelta a la actividad «con las máximas garantías posibles para trabajadores y alumnos (de 0 a 3 años)».