Con casi seis meses de retraso, el Consejo General del Poder Judicial acordó este martes la designación de sus dos magistrados, que se unirán a los propuestos por el Gobierno, para la renovación inmediata del Tribunal Constitucional. Un camino hacia la normalidad de una institución en tela de juicio tras decretar la suspensión cautelar de la reforma legal del Gobierno que afectaban a su propia configuración. Pese a la argumentación de la controvertida medida, expuesta ayer, y que el tribunal resume en que nadie, ni tan siquiera las Cortes, está por encima de la Constitución, las heridas siguen abiertas. Así, la magistrada María Luisa Balaguer alertó de la "inseguridad jurídica" generada por la paralización de la reforma legislativa.
A pesar de estas diferencias, la situación de bloqueo del TC no podía prolongarse en el tiempo. Aunque por unanimidad, la elección de los magistrados César Tolosa y María Luisa Segoviano, propuestos por el CGPJ, llega condicionada por la sempiterna pugna entre progresistas y conservadores. De hecho, los primeros hablan de cesión, por "sentido institucional", y no de consenso. Lo explica la renuncia a su candidato, José Manuel Bandrés, vetado por el ala conservador, que consigue una victoria amarga, ya que el tribunal de garantías pasa de tener una mayoría conservadora a una progresista.
La renovación del TC, que llega días después del mensaje navideño del Rey que puso el foco en la erosión de las instituciones, no oculta, pese a la forzada unanimidad, el pertinaz manoseo político de la justicia que socava su apariencia de independencia. Ejemplos son los magistrados impuestos por el Gobierno, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez. En esta España en la que el relato cuenta tanto o más que lo acontecido, unos y otros no han tardado en adjudicarse el mérito de la renovación del TC y acusar al de enfrente de su bloqueo. El foco se traslada ahora al CGPJ, con fecha de caducidad superada hace más de cuatro años. Salvo sorpresa, no se vislumbran avances hasta pasadas las elecciones generales. Tras el último portazo sobre la bocina de Feijóo, el acuerdo es una quimera. Si este miércoles el PP instaba al Gobierno a retirar a sus candidatos al Constitucional, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acusaba una vez más a los populares del bloqueo del CGPJ.
Pese a las pugnas ideológicas y partidistas que anidan en su seno, cabe destacar la reactivación de un TC con muchos asuntos sobre la mesa, como el recurso del PP al aborto, hace 12 años, la eutanasia, la aprobación de la reforma laboral o el Ingreso Mínimo Vital. De cara a la opinión pública, hay trabajo en la reparación de la imagen dañada de una institución golpeada en valores claves para el estamento judicial como son su credibilidad e independencia.