La buena experiencia que supuso la puesta en marcha del sistema de mediación intrajudicial en el ámbito laboral con la financiación del Ayuntamiento abrió la puerta a estudiar posibles colaboraciones en otros ámbitos judiciales. En los próximos días se va a materializar un segundo acuerdo que permitirá avanzar en la resolución de litigios sin llegar a juicio, en este caso en la jurisdicción contencioso administrativa, donde se dirimen los conflictos entre los ciudadanos y las administraciones públicas. El Consistorio de Burgos firmará un convenio con los colegios oficiales de abogados y procuradores y aportará una cantidad de 20.000 euros que permitirá habilitar el servicio durante 230 días hábiles en este año 2022. 

Esta iniciativa permitirá desatascar la actividad de los juzgados de lo contencioso de Burgos, que, si bien no soportan una carga de trabajo exagerada, es cierto que no pueden resolver con prontitud los procedimientos debido a la complejidad de la mayoría de ellos. 

Este sistema de mediación no se lleva a cabo al margen de los tribunales ordinarios. Las demandas -de los ciudadanos en ese caso- llegarán a los órganos especializados y serán las oficinas judiciales las que propongan a los intervinientes derivar el conflicto a mediadores profesionales, que serán los procuradores y abogados que formen parte del citado servicio. Bajo su auspicio ambas partes tendrán que llegar a pactos que satisfagan los intereses de cada uno, haciendo bueno el viejo axioma de que 'más vale un mal acuerdo que un buen juicio'.

Este convenio se rubricará en el contexto del impulso que trata de dar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la mediación intrajudicial en toda España, que se ha concretado en varios acuerdos marco con el Ministerio de Justicia, Comunidades autónomas y ayuntamientos de todo el país, como es el caso del burgalés.