El Gobierno intenta reconducir su relación con ERC así como el pacto que firmaron sobre la nueva Ley Audiovisual tras ver peligrar los apoyos de su socio parlamentario, que avisa de que podría no votar a favor de esta ley o de otras pendientes en lo que resta de legislatura.

El enfado de los republicanos a raíz de que el Ejecutivo se desmarcara de la cuota del 6 % para la producción en lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en todas las plataformas audiovisuales ha puesto en alerta al Gobierno y también a sus socios de coalición.

ERC advierte de que "tocar las narices" con el tema de la lengua "que es sagrado" es "un mal negocio" y Unidas Podemos, en su vertiente catalana, tampoco ve con buenos ojos el proyecto de ley aprobado ayer.

A ello se suma que ERC acaba de hacer un tándem con EH Bildu frente a la negociación de los Presupuestos de 2022 que se podrían ver afectados a su paso por el Senado donde ambas formaciones forman grupo parlamentario.

"Lo que tiene que hacer el PSOE es también negociar con nosotros esa ley porque estamos más cerca del no que del sí", ha avisado al mismo tiempo el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens.

Por todo ello el Ejecutivo busca desde anoche una vía para poder cumplir con ERC y con la directiva europea, donde rige el principio de país, por lo que las plataformas de producción audiovisual se tienen que regir por la legislación de su origen, lo que dificulta que productoras como Netflix, con sede fuera de España, puedan implementar una cuota para las lenguas cooficiales. Y todo cuando Netflix acaba de ampliar su centro de producción en Tres Cantos (Madrid) inaugurado hace dos años.

"El proyecto de ley tiene cuotas complejas y está claro que no podemos hacer algo que contradiga la directiva europea... toda negociación tiene un límite con la directiva comunitaria", insiste la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ante las críticas de los republicanos que afirman que son "excusas peregrinas".

Y aunque ERC reconoce que cuando pactaron la cuota conocían la existencia de este obstáculo, fuentes del partido añaden que confiaban en que quedara resuelto en el texto del proyecto de ley.

Los principales negociadores socialistas tratan de calmar los ánimos de ERC, ahora que las cuentas públicas acaban de llegar al Senado, y volverán a necesitar de los votos de la formación catalana para salir adelante -de no tenerlo, la opciones se complican-.

Este será el cometido del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la reunión que se celebrará esta tarde, y en la que también participará, por parte del PSOE, el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, según informan fuentes socialistas. El encuentro llega después de que se haya celebrado otro de carácter técnico esta misma mañana.

Algunos socios del gobierno de coalición ven también un exceso en la reacción de ERC, una "gesticulación", toda vez que la amenaza en torno a los Presupuestos se diluye cuando la formación republicana no es imprescindible en el Senado para que las cuentas sean aprobadas.

Fuentes de la formación morada han explicado que desde que se conoció la amenaza de ERC a última hora de la tarde de ayer, los contactos se han sucedido, también de Podemos con los republicanos.

"Tenemos una actitud totalmente abierta y respetuosa con todos los grupos parlamentarios... y ahora el diálogo está en el Parlamento", repite Calviño, que defiende que "nadie tiene que convencernos del compromiso del Gobierno con las lenguas y la cultura del país".

Mientras fuentes de ERC señalan que están abiertas "a todo" dentro de la Ley para blindar el catalán y el resto de lenguas cooficiales, tanto Economía como Hacienda ven más viable que la ley contemple en vez de cuotas -difíciles de aplicar en determinados ámbitos- ayudas fiscales o incentivos que impulsen esta producción.

"Toca sentarse a negociar", dice el Gobierno, que señala que hay plazo para poder trasponer la directiva europea hasta el primer semestre de 2022.

Eso sí, ERC quiere escenificar esta vez el nuevo acuerdo para afianzar el compromiso del Ejecutivo.