Que la ciudad de Burgos parezca un lugar libre de conflictos que tienen en su base la intolerancia, la discriminación y el racismo puede que solo sea una suerte de 'espejismo'. A veces, solo hace falta 'rascar' un poco sobre esta superficie tan pulida para encontrarse situaciones que rayan el delito o que, directamente, lo son. Así lo considera la coordinadora en Burgos de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), Ana Sedano, y se basa no solo en sus más de veinte años trabajando con este colectivo sino en un hecho muy reciente. Hace unas semanas se conoció que tres mujeres han sido condenadas a tres meses de cárcel por acoso al hostigar por todos los medios a una familia gitana con cuatro menores hasta conseguir hacerle la vida tan imposible que abandonó su domicilio. Esta condena, añade Sedano, no hubiera sido posible sin el "impecable" trabajo realizado por la Unidad de Gestión de la Diversidad y Violencia de Género de la Policía Local, que se puso en marcha en 2020 y que trabaja para prevenir y abortar todo tipo de acciones discriminatorias que se ceban con los colectivos más vulnerables.
"Las personas gitanas tienen tan interiorizadas las actitudes de odio y discriminatorias que es muy difícil, primero que las identifiquen, y después que las denuncien, y esa falta de denuncias, en la que influye mucho la falta de confianza en las instituciones, hace que la discriminación y el racismo sean invisibles. Por eso insistimos mucho en la formación, en normalizar las relaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que les vean como una ayuda y en dar todos los recursos necesarios para que denuncien", añade Sedano y corrobora Amanda Pisa, agente de igualdad de la FSG, que fue quien gestionó este caso, que ha terminado en una condena de tres meses de cárcel y que comenzó como una queja vecinal por ruidos.
Tuvieron que pasar varios meses para que lo que parecía un conflicto sin más se tornara un delito de acoso impulsado por el odio. Jorge Serrano y Henar Munguira, dos de los agentes que conforman la Unidad, visitaron una y otra vez a las vecinas quejosas de la familia gitana, una vez que sus compañeros encargados de la medición del ruido comprobaron que no había nada fuera de lo normal. Intentaron mediar con las mujeres y advertirles de que lo que estaban haciendo era algo muy parecido al acoso ya que no solo les increpaban directamente llamándoles "gitanos de mierda" e "hijos de puta" y les tocaban con una escoba el techo al mínimo ruido sino que publicaron mensajes de odio en la red social Facebook en grupos con miles de miembros, que generaron una riada de comentarios antigitanos. Una de las gotas que colmaron el vaso fue la colocación de un insulto en el buzón de la familia y una advertencia al resto de los vecinos en su contra. Terminaron marchándose con unos altísimos niveles de ansiedad y tan deprisa que se dejaron algunos de sus enseres. El asunto llegó hasta tal grado que una vez fuera de la casa las vecinas, ahora condenadas, se seguían quejando de ruidos.
TRABAJO DE ENLACE. Así que los agentes se pusieron en contacto con la FSG -una de las labores de la Unidad de Diversidad es ser una suerte de enlace con los representantes de los colectivos vulnerables- que trabajaron con la familia para que vieran la conveniencia de no dejar pasar un hecho así y denunciar ante la Fiscalía.
El pasado 31 de mayo se celebró en el Juzgado de lo Penal nº 2 el juicio contra las tres vecinas que terminó con una sentencia de tres meses de cárcel. Selene de la Fuente, abogada de la Fundación Secretariado Gitano, explicó que se trata de una condena que manda un mensaje claro a la sociedad en el sentido de que los delitos de odio no pueden quedar impunes.
Los agentes de la Unidad de Diversidad consideran -según su experiencia y los datos que existen a nivel nacional y que dicen que las identificaciones policiales se producen en personas gitanas un 80% más que en el resto de la población- que este colectivo y el LGTBI son víctimas de más incidentes de intolerancia, discriminación u odio en Burgos, por delante de las personas de otros orígenes o religiones, y su objetivo es que no se dejen pasar y que se denuncien. "Aquí no hay estudios pero en otras ciudades sí y han demostrado que hay personas gitanas a las que en un mes se les ha identificado sin que hayan hecho nada hasta treinta veces, lo que no ayuda a mejorar la relación con la policía. Así que nosotros trabajamos para superar esa desconfianza que tradicionalmente ha impedido tener una buena relación y para que acudan a nosotros cuando sientan que se están vulnerando sus derechos. Nosotros queremos ser su policía", afirma Jorge Serrano.
Ana Sedano algo sabe de los controles discriminatorios de los que habla el agente Serrano, hasta tal punto de que la primera queja que recibieron en su programa de igualdad de trato fue la de un joven gitano al que la Policía Nacional llegó a identificar hasta cuatro veces al día sin que hubiera cometido ninguna infracción, solo por el hecho de ser gitano: "Este fue un hecho paradigmático porque la pareja y los amigos de este chico no eran gitanos y cuando iban todos juntos solo se dirigían a él para identificarle".
Pisa añade que, "por desgracia" no todos los actos discriminatorios son sencillos de demostrar y que hay muchos casos de obstáculos que los gitanos se encuentran para acceder a puestos de trabajo o al alquiler de una vivienda basados en el racismo que pasan sin consecuencias: "Hay mucha discriminación oculta y muchos casos que no nos llegan porque la población gitana la tiene completamente normalizada".