La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) finalizará próximamente su Plan Estratégico de Gobernanza para la Despoblación Rural en la Macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE), que consiste en el diseño de una estrategia común sobre despoblación para Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia y las regiones Norte y Centro de Portugal. Adermás se implementarán otras estrategias específicas para cada una de estas cuatro comunidades autónomas españolas en temas relevantes como la planeación espacial, prestación y digitalización de servicios públicos, el emprendimiento e innovación social y la gobernanza multinivel.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, participó este pasado viernes 3 por videoconferencia en el evento de clausura de este proyecto sobre despoblación financiado por la Comisión Europea y realizado por la OCDE y las comunidades autónomas españolas integrantes de la Macrorregión RESOE, marcadas por un alto grado de ruralidad y enfrentadas a la disminución de la población, el envejecimiento y los desafíos asociados.
Además del vicepresidente del Gobierno autonómico, en esta jornada que de manera presencial se celebró en la Fundación Comillas, en esta localidad cántabra, también intervino Antonio Calonge, director general de Ordenación del Territorio y Planificación, como responsable del centro directivo competente en materia demográfica y coordinador de las contribuciones de Castilla y León a este proyecto común.
En su intervención, el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior acuñó como reflexión que "los denominados retos demográficos son una verdadera amenaza para Castilla y León, ya que cuestionan la sostenibilidad financiera y política, toda vez que en muchas zonas se genera desafección, sentimiento de abandono y soledad y falta de vinculación con el proyecto político común tanto a nivel nacional como europeo".
Francisco Igea insistió en una de las consideraciones mantenidas en el tiempo al respecto de la necesidad de financiar la prestación de servicios al territorio, no solamente a las personas. Denunció que Castilla y León ha de hacer frente ya no solo a los costes de la prestación de servicios como la educación, la sanidad o los servicios sociales, sino también atender una superficie que supera los 94.000 kilómetros cuadrados, con grandes espacios naturales, redes de infraestructuras viarias, cobertura de telecomunicaciones o servicios de prevención contra incendios forestales, entre otros.
Francisco Igea también señaló que frente a las estrategias pasadas con indicadores fallidos, ahora debe ponerse el foco en la generación de empleo y en otros aspectos como llevar la cultura y el ocio al medio rural, pues los jóvenes buscan un trabajo y también opciones de ocio en el territorio. Por ello, expuso el vicepresidente Igea, "ahora estamos planteando tres líneas de acción: una ley de dinamización demográfica que permita que toda la actividad de la Administración autonómica se oriente con el sesgo del reto demográfico; una política migratoria más amable, con facilidades para la integración, y una nueva ordenación del territorio".
El vicepresidente de la Junta también reflexionó acerca de cómo la pandemia de la COVID-19 ha generado un fenómeno totalmente nuevo, que ha sido la inversión del balance migratorio dentro de las comunidades, y que en Castilla y León ha supuesto que su resultado fuera positivo el pasado año.