El Tribunal de Cuentas concluirá su mandato el próximo 23 de julio sin que existan a corto plazo perspectivas para la renovación de sus consejeros, que requiere un consenso entre el Gobierno de coalición y el PP, como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de 210 diputados. El acuerdo se antoja aún más complicado después de que el órgano fiscalizador se haya situado en el punto de mira del independentismo y del propio Ejecutivo central por sus actuaciones para reclamar cantidades millonarias a ex altos cargos de la Generalitat por el dinero público supuestamente desviado para promocionar el proceso secesionista en el exterior a través de las denominadas embajadas. En este procedimiento, el organismo fiscalizador les reclama una fianza global de 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.
El independentismo cargó contra la institución, tachándola de «inquisición» e incluso el republicano Gabriel Rufián la definió de «chiringuito de 40 familias reaccionarias que llevan mandando 80 año en este país».
A estas críticas se sumó Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo. En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se mostró partidaria de «eliminar» todas las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas contra políticos independentistas, y su colega de Transportes, el socialista José Luis Ábalos, llegó a calificar estos procedimientos como «piedras en el camino» del diálogo que hay que «desempedrar». Y el propio presidente Pedro Sánchez hizo hincapié en que una de los consejeras del tribunal fue ministra con José María Aznar, en alusión a Margarita Mariscal.
En esa línea, el Gobierno ya ha dado a entender que la Abogacía del España no prevé sumarse a las exigencias del organismo fiscalizador alegando que, si efectivamente hubo desvío de dinero público, serían fondos de la Generalitat, no de la Administración General de Estado.
El propio Tribunal de Cuentas tuvo finalmente que salir al paso de las presiones con un inusual comunicado oficial, en el que subrayó que «los Consejeros y Consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución». También sostuvo que «el personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes».
Falta de consenso
Y en ese contexto de enfrentamiento entre Gobierno y oposición por la concesión de los indultos, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, instó al PP a avenirse a la renovación no solo del Tribunal de Cuentas sino del resto de órganos constitucionales pendientes, como el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
Pero el PP, que al igual que Vox y Ciudadanos ha rechazado los ataques al Tribunal de Cuentas, ya ha avisado de que, tras los indultos, es «muy complicado» pensar en un acuerdo para renovar los órganos constitucionales en lo que queda de legislatura.