La venta por internet de una boa desde la provincia de Zamora o el tráfico ilegal de especies protegidas en León fueron algunos de los casos más destacados en los que actuaron los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil durante el año pasado. Una labor que ha crecido en los últimos años, superando los más de 11.700 delitos e infracciones investigados durante 2021, lo que supone la cifra más elevada del último lustro. Fuentes de la Guardia Civil achacan este incremento a una mayor concienciación medioambiental de la sociedad, «cuya colaboración es clave y se traduce en la recepción de un elevado número de avisos».

En total, el Seprona investigó 2.071 delitos y 9.700 infracciones durante el año pasado. Los datos los facilitó el Gobierno de España a raíz de una pregunta por escrito formulada en el Congreso de los Diputados por el parlamentario de EH-Bildu Jon Iñarritu García, en la que también se informaba de que en toda España hay 1.506 efectivos del Seprona, que cuentan con más de 5.000 referencias de medios técnicos para las investigaciones.

Si se desglosan estos datos por la causa, las infracciones penales más significativas que investigó el Seprona durante el año pasado tienen que ver con el maltrato de animales domésticos, según la Guardia Civil, con 79 casos, así como los relacionados con las malas prácticas en explotaciones ganaderas y mascotas, en especial con perros y animales domésticos. «De estos, los conocidos por el Seprona hacen un total de 91 delitos, de los que 57 han sido esclarecidos, dando como resultado un total de 63 detenidos puestos a disposición judicial», señalan las mismas fuentes.

Incendios forestales

Además, los agentes han detectado un aumento de las infracciones penales en lo que respecta a incendios forestales, pasando de 36 fuegos en el año 2020 a los 58 en 2021. «Los datos reflejan además un incremento en el número de detenidos, de 29 a 43 las personas detenidas o investigadas con respecto al año 2020», destacan desde la Guardia Civil. Seguidos a estos están los relativos a la protección de la flota y la fauna con 30 delitos y con 30 infracciones penales por la práctica de la caza ilegal.

En el apartado de infracciones administrativas hay que destacar las relativas a la normativa sobre residuos y vertidos con 1.807 actuaciones, y las que se relacionan con animales de compañía, que contabilizaron 1.097 denuncias.

En cuanto a la normativa sobre sanidad animal y epizootias son 1.113 el número de denuncias administrativas las que se han tramitado a la autoridad competente el pasado año. Por detrás se sitúan los expedientes en materia de montes (677 infracciones), normativa sobre aguas (659) y las de caza (652).

Entre los casos curiosos investigados durante el año pasado por los agentes se encuentra uno relacionado con actividades ilegales en un taller de taxidermia y reventa de precintos de caza en Ávila en el mes de mayo y por el que se investigó a 23 personas de las provincias de Ávila, Burgos, Valladolid, Guadalajara y Madrid. Además, durante el año pasado también se descubrió a una mujer en Burgos que utilizaba los datos profesionales de una colegiada para la compra online de material veterinario.

En el mes de noviembre, la Guardia Civil investigó a una mujer de 61 años y residente en León como presunta autora de un delito de tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción, donde se incautaron de un bolso de piel de cocodrilo, una piel de serpiente de boa del Amazonas y una manta confeccionada con pieles de güanaco. Entre otros temas, también se desarrollaron dos actuaciones relacionadas con la protección de yacimientos arqueológicos en las localidades segovianas de Torrecaballeros y Perogordo, procediendo a la incautación de los objetos hallados ilegalmente.