Los instaladores autorizados de sistemas de videovigilancia, una parte de los 131 registrados en Burgos, denuncian el incremento de la competencia desleal y los incumplimientos reiterados del Reglamento de Protección de Datos de estas redes de cámaras en interior o en exterior y con grabación de imágenes. La demanda de estos equipos, detallan, ha crecido exponencialmente en los últimos años para reforzar la seguridad y prevenir las intrusiones y robos en empresas, comunidades de vecinos, garajes, portales y domicilios particulares.
Los problemas de competencia y legales han ido en aumento desde 2018, cuando se suprimió la obligación de inscribir en un registro de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) los ficheros de las instalaciones de vigilancia, con el número de cámaras, los lugares donde se ubicaban y la autorización para su uso.
Si entonces ya eran miles los sistemas instalados en la provincia, hoy se han multiplicado exponencialmente, aunque no todos los sistemas operativos los han montado instaladores autorizados por Industria, con el carné del Tipo C o Tipo F, y que trabajan de acuerdo con los criterios fijados en la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades, de la AEPD.
«Muchas de las instalaciones domésticas y en empresas no están legalizadas de acuerdo con la Ley de Protección de Datos que, entre otros requisitos, establece qué es lo que se puede o no grabar, cuánto tiempo se puede grabar, para qué se puede instalar una cámara (control laboral, control presencial o sistema antiintrusión) y la tenencia de formularios para que las personas filmadas puedan ejercer sus derechos llegado el caso», explica Alberto Abajo, instalador autorizado y miembro de la junta directiva de Apilet, la patronal que reúne a los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones asociada a FAE y que ha advertido de lo que está ocurriendo.
Los incumplimientos parten «de que las cámaras se compran en cualquier sitio (en internet o en centros comerciales y comercios a pie de calle ) y las instala cualquiera fácilmente». «Que funcionen -matiza Abajo- no quiere decir que cumplan con los requisitos que se les exigen...».
Industria autoriza a unos instaladores de telecomunicaciones para realizar estos trabajos, «pero hay un intrusismo laboral muy alto y nadie cumple». Los de Tipo C están facultados para trabajar con circuitos cerrados de televisión (cámaras sin grabación) y sistemas de vigilancia. Los de Tipo F están autorizados expresamente para operar con sistemas de videoportería, videovigilancia y controles de accesos, entre otros.
Finalmente, en el caso de aquellos sistemas de videovigilancia van conectados a una central receptora de alarmas, el instalador debe estar homologado por la Policía Nacional.
Desde Apilet se advierte a aquellas empresas que están operando en el mercado local a sabiendas de que no están autorizadas para ello. «Muchas firmas de informática trabajan en el campo de la videovigilancia, pero en el registro de Industria no aparece ninguna autorizada».
Las principales irregularidades se detectan en instalaciones de videovigilancia en domicilios particulares y pequeñas industrias y comercios.
Consecuencias. Detrás de estas irregularidades, avisan, se mueve un abanico de multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros y un 4% de la facturación de la empresa sancionada, si bien es cierto que el control legal de estos sistemas es bajo en comparación con su abundancia.
«Tenemos el caso de un robo en un bar de pueblo captado por unas cámaras de videovigilancia. La Guardia Civil solicitó las imágenes para esclarecer el caso y descubrió que las cámaras grababan imágenes en la vía pública, algo que estaba prohibido en ese caso por la Ley y por lo que se solicitó una sanción para el propietario del sistema», explica Alberto Abajo.
«Una cámara irregular puede acarrear muchos problemas si se da el caso, aunque no se persigue mucho la competencia desleal y el incumplimiento de la normativa de protección de datos».
Además de filmar la vía pública sin permiso, se suelen incumplir los tiempos de grabación (un máximo de un mes) y los usos a los que se destinan las cámaras.
Se ha multado con 1.500 euros a una cafetería que tenía cámaras en la terraza para control laboral y que grababan la vía pública.
Ha habido casos más graves, como el de una cadena supermercados multada con 2,5 millones de euros por detección facial de sus clientes y con otros 170.000 euros por no facilitar una grabación a alguien que la había pedido.
Las comunidades de vecinos o los garajes deben lucir carteles de zona videovigiladas, con el responsable de fichero e información sobre cómo ejercitar los derechos en caso de necesitar imágenes grabadas. «Si estos sistemas no están legalizados puede haber problemas al utilizar imágenes que no se han obtenido de una forma lícita. El responsable es el propietario de las cámaras, no el instalador».
Estos sistemas se están instalando en muchas empresas para evitar robos. También se utilizan cámaras para la prevención e investigación de accidentes laborales en procesos de producción.