Las administraciones públicas, propietarias de cientos de dotaciones con grandes consumos de luz y gas, hace meses que revisan con lupa los contratos firmados con los suministradores de energía ante la previsión (casi certeza) de que sus facturas de luz y gas se pueden disparar y condicionar las inversiones o el gasto corriente de los próximos años. Mientras en el Ayuntamiento de la capital aseguran estar blindados hasta el otoño de 2023, en la Diputación se encontraron a finales del año pasado con la quiebra de Remica Comercializadora S.A.U., la empresa que suministraba gas natural a ocho instalaciones.  En la Universidad de Burgos el contrato de electricidad, con un precio fijo, concluye en abril y el recibo de la calefacción ya se acusa, obligando a ultimar un plan de ahorro energético en el campus.

En el caso del Ayuntamiento, lo que ha hecho el área de Ingeniería Industrial es comunicar a Iberdrola que hará efectiva la opción de prórroga que le permite extender hasta octubre de 2023  el contrato del suministro de energía eléctrica para la iluminación de los viales públicos y de los edificios municipales. Una decisión que ya está tomada pese a que la compañía eléctrica, según asegura el concejal del área, Adolfo Díez, ha pedido al Consistorio burgalés que se ponga fin al compromiso.

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