El anuncio realizado por la Consejería de Empleo a mediados del mes de enero para iniciar los trámites de disolución del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) vuelve a crear turbulencias en el seno del Ejecutivo regional con una nueva amenaza de acabar en los tribunales. Los reiterados avisos desde La Moncloa para revertir la situación y ratificar el futuro del Serla, con visita de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la Comunidad incluida, han cristalizado en un ultimátum del Gobierno de España a la Junta de Castilla y León para que garantice el servicio con la financiación suficiente para su continuidad.

La viabilidad se encuentra más en entredicho que nunca. Tal y como ha podido saber este periódico, ya se han producido los primeros impagos de nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores del Serla. Algo que no es de extrañar después de que la Junta decidiera no destinar ni un euro al Servicio en los presupuestos de la Comunidad de este año. 

A las 07.46 horas de este lunes se remitió desde el Gobierno de España a la Consejería de la Presidencia un requerimiento previo a judicializar el caso ante el Contencioso-Administrativo, el segundo que recibe la Comunidad en poco más de dos meses, después del enviado tras la polémica del protocolo antiaborto. El texto del Ministerio de Trabajo, al que ha tenido acceso este periódico, acusa a la Junta de incumplir con la legislación laboral y le insta a que «reponga inmediatamente dicho servicio». Para ello, el Ejecutivo central exige a Castilla y León que adopte los «acuerdos administrativos oportunos para garantizar la continuidad de los sistemas de solución de conflictos laborales» que desempeña el Serla.

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la encargada de anunciar a través de su Twitter la decisión del Gobierno central, y aseguró que «garantizar el diálogo social es ensanchar la democracia». «Lo defenderemos con todos los medios a nuestro alcance».

Vulneración competencial

Entre los argumentos que esgrime Trabajo para el envío del requerimiento se recuerda que es evidente la legitimación del Gobierno para «hacer valer la competencia exclusiva que al Estado le corresponde en materia de legislación laboral». Una competencia que, según plantean, ha sido vulnerada por la Junta de Castilla y León, a la que acusa de incurrir en un «supuesto de inaplicación» de la legislación laboral. «No puede desentenderse en absoluto de la ejecución autonómica de la legislación estatal».

Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno autonómico, que tendrá que responder al requerimiento si no quiere que los tribunales sean los encargados de dirimir el futuro del Serla. El pasado mes de enero bastó con una misiva del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que negaba la existencia de cualquier protocolo antiaborto o la vulneración de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarzado para que La Moncloa plegara velas y retirase la amenaza judicial.

Primeros impagos

Mientras, la ausencia de fondos para el Serla en los presupuestos de este año está estrangulando la viabilidad del Servicio, que ha comenzado a no poder hacer frente al pago de las nóminas o de las cotizaciones sociales de sus trabajadores. De hecho, el presidente de la Fundación ha remitido una carta urgente a todos los patronos del Serla –Junta, patronal y sindicatos– en la que les avisa de la «inminente falta de liquidez para afrontar los pagos de las nóminas y la Seguridad Social». Todo ello debido a que, a pesar de no contar con financiación, el servicio ha seguido funcionando durante estos meses, pero, a la vista de la misiva, la situación económica del Serla ya es insostenible.