La dificultad para cubrir los puestos en el ámbito de la gestión y tramitación administrativa y procesal en el Juzgado Número 2 de Villarcayo ha llegado a un punto «insostenible», según señala una de las juezas en el informe remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha acordado informar favorablemente que se nombre un funcionario interino de refuerzo en este ámbito que realice estas funciones «de forma continúa» en ese juzgado. Así se lo trasmitirá al Ministerio de Justicia.

De los nueve profesionales de gestión y tramitación administrativa y procesal del ámbito civil y penal del Juzgado Número 2 de Villarcayo, cuatro están fuera de sus puestos por bajas laborales, dispensas de asistencia al trabajo, renuncias o excedencias por el cuidado de un familiar, mientras que otros tres carecen de experiencia previa y cuando han llegado este año se han encuentran una montaña de trabajo sin resolver. De los nueve, solo dos funcionarios con experiencia están en sus puestos. Uno de ellos es el titular del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que tomó posesión en marzo pasado, pero sustituye a una compañera ausente en tareas de gestión procesal y administrativa, puesto que la otra funcionaria en activo pertenece al área de tramitación. Así pues, el papel no sale del Juzgado Número 2, que además es el de Violencia de Género del partido judicial de Villarcayo y acumula denuncias en este ámbito día a día.

La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revela los informes de las jueces de Villarcayo, que aseguran haber planteado «en repetidas ocasiones la urgencia de nombrar sustitutos para los funcionarios en situación de baja laboral», pero no han recibido respuesta, en ocasiones porque nadie quiere desplazarse a Villarcayo, según la Gerencia de Justicia.

Graves perjuicios. Según indican las juezas, la carga de trabajo del Juzgado 2 lleva a que sea «imposible atender la totalidad de los asuntos pendientes... la falta de tramitación de procedimientos y, como consecuencia, la paralización de la agenda de señalamientos para la celebración de juicios leves y paralización de ejecuciones en curso y pendientes de incoar, con el consiguiente perjuicio que ello ocasiona al normal funcionamiento del Juzgado y, por ende, al justiciable». Esta situación, añaden, «ha repercutido negativamente en el ánimo de los funcionarios que componen la plantilla de este Juzgado.

Asimismo, aluden a las dificultades, no solo por falta de recursos humanos, sino también materiales, y lamentan como el Juzgado carece de calabozo o dependencias para las víctimas de violencia de género o dependencias en las que puedan permanecer los menores cuando tengan que esperar a una exploración o prueba. Una de las juezas admite que estas circunstancias «impiden que mis funciones se desempeñen de manera adecuada, afectando incluso al dictado de resoluciones judiciales». La falta de personal incide en su propio trabajo, «al tener que dedicar buena parte del tiempo a ayudar y guiar a los nuevos trabajadores» y «asumir funciones ajenas a mi cargo, teniendo que enseñar incluso cómo se realizan diligencias de instrucción, todo por el bien del Juzgado y del justiciable».