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La plaza de toros de Aranda se queda sin licencia de apertura

L.N.
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Ni Ayuntamiento ni la empresa propietaria recurren la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló el permiso concedido en 2014

La plaza de toros de Aranda se queda sin licencia de apertura - Foto: Luis López Araico

Ya es definitivo. La plaza de toros de Aranda de Duero se ha quedado sin licencia de apertura después de que ni el Ayuntamiento ni el propietario del coso hayan presentado recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló el permiso concedido en septiembre de 2014.

La alcaldesa de la capital ribereña, Raquel González, ya había anunciado hace unas semanas que no recurrirían la sentencia. Por su parte, la empresa propietaria de la plaza de toros Ribera del Duero, Toros Ricor, estaba analizando con sus abogados las posibilidades jurídicas y administrativas. Pablo del Río confirma que no han presentado ningún recurso. Y el plazo terminó el martes, por lo que la administración de justicia cuenta con diez días para declarar la firmeza de la sentencia.

¿Qué sucederá a partir de ahora? ¿Habrá feria taurina en las fiestas patronales de septiembre? El empresario confía en que sea así. Tendrá que solicitar permiso y que el Ayuntamiento de Aranda tramite la nueva licencia de apertura. "Ahora dependemos de los técnicos", subraya Del Río.

El 29 de marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León consideró que "sólo debería haberse procedido a la concesión de la licencia de primera ocupación una vez determinadas las licencias de obras existentes y las obras ejecutadas realmente" para comprobar si dichas actuaciones se adecuaban o no a los permisos, "lo que ha sido omitido claramente". De ahí que estimase el recurso presentado por la Plataforma y declarase como "nulo de pleno derecho" el acuerdo municipal del 9 de septiembre de 2014, que se otorgó en una sesión celebrada justo antes de las fiestas patronales con sólo cuatro de sus miembros.

En la citada sentencia, el tribunal también calificó como "transcendentales" los informes técnicos "que se han omitido" y recalcó que "no puede apelarse al devenir de autorizaciones provisionales que, además de haber sido anuladas, tenían una vigencia o alcance temporal limitado".