Hay cerca de 2.000 burgaleses a los que Dentix interrumpió su tratamiento dental tras entrar en concurso de acreedores en 2021, pero no todos -ni siquiera una mayoría- han acudido a la vía civil para reclamar a la financiera el dinero que adelantaron. Solo pueden hacerlo aquellos que sufragaron el coste de sus ortodoncias o implantes a crédito, puesto que quienes pagaron al contado depositaron su dinero directamente en las cuentas de la clínica. Las primeras demandas contra Pepper Finance Corporation, la entidad que gestionaba los pagos a préstamo, están siendo ganadas por los clientes. Ni siquiera se están celebrando juicios porque la financiera se está allanando en los procedimientos. Es decir, está reconociendo la reclamación y aceptando que tiene que restituir a los usuarios el dinero de la parte del tratamiento que no fue efectuada. Es el caso, por ejemplo, del burgalés Julio Manzanedo, a quien le van a devolver 1.500 euros.
El mayor problema lo tienen los clientes que pagaron al contado y no tuvieron relación alguna con la financiera, ya que tendrán que esperar a que se resuelva el concurso de acreedores para ver sí recuperan su dinero y cuánto. Y es que según la actual legislación, en estos procesos los últimos en cobrar -después de Hacienda, Seguridad Social, proveedores y trabajadores- son los clientes, que no dejan de ser pacientes a quienes la interrupción del tratamiento les «está provocando serios problemas de salud, tanto físicos como psicológicos».
De ahí que la Plataforma de Afectados por Dentix exija «un cambio de la Ley concursal», con el fin de que en los procedimientos vinculados a empresas relacionadas con la salud «los clientes no sean los últimos en cobrar cuando una clínica cierra». «El consumidor es el último que cobra y debería ser el acreedor preferente», señala Manzanedo.
También exigen que estas compañías firmen pólizas de seguro siempre que quieran operar en España para que «cubran los tratamientos inacabados a los pacientes». Los afectados no solo se topan con la papeleta de que se quedan sin el dinero que pagaron para ser atendidos sino que sufren «secuelas de todo tipo por haber interrumpido el tratamiento; unas secuelas cuya cura exige un desembolso, en muchas ocasiones, de miles de euros».