Si la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas estuvieran dispuestas a llevar hasta el final sus argumentos sobre la "compra de voluntades" o la "compra de votos", que se sigue de la aprobación de los Presupuestos Generales el Estado para el próximo año, arrojarían la toalla y ni tan siquiera saldrían al campo a disputar la contienda electoral ante la previsión de una abultadísima mayoría absoluta de los partidos que conforman el gobierno de coalición, y sobre todo del PSOE, lograda con los siete millones de trabajadores que verán reducido el IRPF el próximo año porque ganan menos de 21.000 euros, de los nueve millones de pensionistas que van a ver aumentada su pensión en el 8,5%, y de los tres millones de funcionarios a los que se subirá el sueldo un 9,5% a lo largo de los tres próximos años. Y a ellos habría que sumar los beneficiarios de los abonos de transporte gratuito, a quienes se beneficiarán del aumento de la partida para Dependencia, e incluso a aquellos que, preocupados por la seguridad del país, ven con buenos ojos el incremento de un 25% de los gastos en la partida de Defensa.
La consideración sobre la compra de voluntades o votos demuestra un cierto desprecio hacia la capacidad de discernir de unos ciudadanos que actuarían movidos solo por su interés económico y que además serían egoístas y sujetos activos de la brecha generacional que abren las cuentas públicas, porque sus subidas de hoy la tendrán que pagar los trabajadores de mañana, que tendrán que esperar a que el PP llegue a La Moncloa para ver cómo se les rebajan los impuestos y participar ellos también del reparto de la tarta. Además, la portavoz popular no ha tenido en cuenta que sus principales caladeros de votos se encuentran entre quienes pueden ser más beneficiados por las medidas del Gobierno y que su partido es el que cuenta con mayor fidelidad de voto de cara a los próximos comicios, al margen de las mejoras económicas.
A pesar de pintar un panorama tan negro para sus intereses, el PP -Ciudadanos sufre una opa hostil-, cuenta con la ventaja que recogen algunas encuestas de que las medidas del escudo social aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania no se traducen en un despegue electoral de los partidos que lo integran. Los votantes pasan la factura al cobro al Ejecutivo cuando ven mermado su nivel de vida, y siempre consideran escasos los esfuerzos para que puedan recuperarlo, de tal modo que tienen los oídos atentos a todos aquellos que les ofrecen reducción de impuestos.
Con esta constatación y con el hecho de que los ciudadanos no castigan a quien no ha votado a favor ni una sola de las medidas del escudo social aprobadas por el Gobierno, el PP no solo puede contrarrestar la supuesta compra de voluntades, sino que puede subir la apuesta y pedir la deflactación del IRPF allí donde no ha llegado la decisión del Gobierno, la rebaja del IVA a los alimentos básicos, o que la gratuidad se extienda al transporte por carretera.
Habrá que esperar más de un año para ver si estas cuentas públicas electoralistas y antisociales -¿una contradicción?- lo han sido efectivamente, y se cumplen las sospechas de la derecha de que han servido para comprar voluntades, o si la economía va por un lado y los votos por otro.